La violencia escaló a niveles críticos en el sector de Turubamba Alto, al sur de Quito, Ecuador, donde un grupo de taxistas decidió tomar la justicia por su propia mano. El incidente, ocurrido el pasado lunes 23 de febrero, dejó como saldo dos hombres heridos de gravedad, uno de ellos víctima de quemaduras de segundo y tercer grado tras ser rociado con combustible y prendido en fuego por la multitud enfurecida.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades locales, la agresión se desencadenó luego de que se difundiera un mensaje de alerta a través de los sistemas de comunicación internos del gremio de taxistas. En dicho aviso se señalaba a dos individuos como los presuntos responsables del robo de una unidad de transporte público en la zona. En cuestión de minutos, decenas de conductores se congregaron en el lugar para interceptar a los sospechosos y evitar su huida.

Lo que comenzó como una detención ciudadana se transformó rápidamente en un linchamiento. Los presentes comenzaron a golpear a los sujetos de manera brutal, utilizando diversos objetos. En el punto más crítico del ataque, y a pesar de que los señalados se encontraban ya sometidos y visiblemente heridos, los agresores vertieron líquido inflamable sobre uno de ellos y le prendieron fuego. Testigos en el lugar captaron imágenes de la crudeza del acto, donde se observa al hombre herido intentando sofocar las llamas mientras la turba observaba.

La intervención de la Policía Nacional de Ecuador fue necesaria para evitar un desenlace fatal. Los agentes desplegaron un operativo para rescatar a los dos hombres de entre la turba y solicitaron apoyo inmediato de los servicios de emergencia. Ambos fueron trasladados bajo custodia a un centro médico cercano; los informes médicos confirman que el estado de salud del hombre quemado es delicado debido a la profundidad de sus lesiones.

Este tipo de actos de justicia por propia mano refleja una problemática social creciente en diversos países de América Latina, incluyendo México. En territorio mexicano, el fenómeno de los linchamientos ha mostrado un repunte en estados como Puebla, Hidalgo y el Estado de México, impulsado por una percepción generalizada de impunidad y la desconfianza en las instituciones de seguridad. Si bien la indignación ciudadana ante el crimen es un factor común, las autoridades recalcan que estas acciones constituyen delitos graves que pueden derivar en sentencias de prisión para quienes participen en las agresiones.

Hasta el momento, las autoridades de Quito no han confirmado detenciones vinculadas directamente con las lesiones provocadas a los presuntos delincuentes, aunque se ha iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por ambos delitos: el robo del vehículo y el intento de ejecución extrajudicial.