A varios días de los incidentes violentos registrados en la región, las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, mantienen sus puertas cerradas al público de manera indefinida. Esta parálisis administrativa, derivada de los ataques atribuidos a integrantes de organizaciones delictivas, ha sumido a la población local en un estado de incertidumbre y malestar generalizado ante la imposibilidad de realizar trámites presenciales de carácter urgente.
El cierre de la sede administrativa no solo ha interrumpido el flujo normal de las actividades fiscales, sino que ha provocado una acumulación de citas canceladas y retrasos significativos en procesos clave como la obtención de la firma electrónica (e.firma), inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y asesorías para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para muchos ciudadanos y empresarios locales, la falta de una ventanilla física operativa representa un obstáculo crítico en un periodo de alta demanda de servicios tributarios.
A las afueras del recinto, ubicado en una zona estratégica del puerto, el escenario es de confusión. Decenas de contribuyentes que acuden con la esperanza de encontrar las instalaciones abiertas se topan con el silencio de las autoridades hacendarias. La molestia entre la ciudadanía es palpable; los usuarios denuncian que la información proporcionada a través de canales digitales ha sido insuficiente para resolver dudas sobre la reprogramación de citas o la validez de los plazos legales ante esta contingencia de seguridad.
En el contexto de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco, la interrupción de servicios públicos federales subraya la vulnerabilidad de las instituciones ante actos de violencia. Aunque el SAT ha instado históricamente al uso de su portal web y herramientas remotas para la realización de trámites, la realidad en Puerto Vallarta demuestra que existen procedimientos que exigen obligatoriamente la presencia física del interesado, dejando a miles de personas en un limbo burocrático derivado de la inseguridad.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial detallado que determine la fecha exacta de reapertura de las oficinas. Las autoridades locales y federales mantienen un hermetismo sobre el estatus de las instalaciones, mientras que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La comunidad empresarial del puerto ha manifestado su preocupación, exigiendo garantías de seguridad para que el personal administrativo y los usuarios puedan retomar las actividades habituales sin riesgos a su integridad.
