El desarrollo loma en el cerro de la Loma Larga, San Pedro Garza García, obliga a los desarrolladores a la reposición total de árboles afectados por la construcción de los fraccionamientos La Reserva I y II. El alcalde Mauricio Farah confirmó que, según el reglamento municipal, cualquier particular que ejerza su derecho a construir en este predio de 20 hectáreas tiene la responsabilidad legal de compensar el impacto ambiental en las áreas verdes designadas. Esta medida busca mitigar la deforestación necesaria para trazar las calles de un proyecto que contempla casi 3,000 nuevas viviendas.
La controversia estalló tras los reportes de deforestación para delinear las rasantes en terrenos propiedad del desarrollador Artemio Garza. Farah aclaró que su administración no otorgó los permisos originales, sino que estos fueron aprobados el 5 de abril de 2022 por el Cabildo anterior bajo la gestión de Miguel Treviño. El pasado 28 de octubre, ya en el actual periodo gubernamental, se dio seguimiento técnico a la autorización de proyectos urbanísticos y de rasantes, un trámite que el edil calificó como un derecho del propietario mientras se apegue a la ley vigente. (Lee también: El dato sobre la obra de 4 mil millones que afirma Mauricio Farah.)
Esta situación en Nuevo León refleja una problemática común en México y grandes capitales de Latinoamérica como Bogotá o Ciudad de México, donde el crecimiento inmobiliario choca frontalmente con la preservación de ecosistemas locales. El caso del desarrollo loma pone a prueba la capacidad de las autoridades municipales para exigir el cumplimiento de leyes ambientales frente a intereses económicos de gran escala, un tema que también resuena en España ante la presión urbanística en zonas periféricas boscosas. (Lee también: El dato que Pemex oculta: la chapopote mancha que ya golpea a 39 playas.)
Mientras los grupos ambientalistas cuestionan la pérdida de biodiversidad en el cerro, la autoridad municipal mantiene una postura técnica y firme: el proyecto no es ilegal. El siguiente paso será la fiscalización rigurosa de la obra para asegurar que la cantidad de árboles repuestos coincida con lo estipulado en los reglamentos de San Pedro. Según el alcalde, si un arbolito debe ser retirado para construir, la normativa marca una serie de pasos obligatorios para su reposición que no son negociables. (Lee también: 3 razones por las que levantan la fase 1 de contingencia ambiental ahora.)
Por ahora, el gobierno municipal asegura que no hay irregularidades en el proceso administrativo, ya que los dueños del predio cuentan con la documentación de factibilidad vigente desde hace más de dos años. No obstante, el ayuntamiento mantendrá una vigilancia especial en la zona para evitar que la urbanización exceda los límites permitidos en un área tan sensible para la regulación térmica y pluvial de la zona metropolitana de Monterrey. La fiscalización ciudadana y gubernamental determinará si este desarrollo cumple con la promesa de sostenibilidad exigida.
