El edificio colapsado en San Antonio Abad, Ciudad de México, dejó un saldo confirmado de tres trabajadores fallecidos y uno hospitalizado tras un derrumbe ocurrido durante labores de demolición irregular. El inmueble, ubicado en la colonia Tránsito, operaba sin un programa interno de protección civil ni medidas de seguridad perimetral, lo que provocó la suspensión inmediata de la obra por parte de la alcaldía Cuauhtémoc tras la tragedia.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda, confirmó en conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó la necesidad de demolición total desde el 25 de mayo de 2018. El inmueble arrastraba daños estructurales críticos derivados de los sismos de 2017 y, aunque los dueños fueron notificados hace seis años, las maniobras actuales se realizaban sin los protocolos mínimos para resguardar la vida de los trabajadores y la integridad de las fincas colindantes. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre Late 2026 y su impacto en Guadalajara.)
Esta situación pone en alerta roja a los habitantes de la Ciudad de México, donde cientos de inmuebles dañados en 1985 y 2017 permanecen en un limbo administrativo similar. La falta de supervisión en obras privadas no es exclusiva de la capital mexicana; es un problema recurrente en grandes metrópolis de Latinoamérica con alta actividad sísmica, como Santiago de Chile o Lima, donde la burocracia suele retrasar la ejecución de demoliciones preventivas en zonas de alta densidad poblacional. (Lee también: Así es como el torneo de golf que se lleva cabo hoy impacta al Ballet Teletón.) (Lee también: El dato que no sabías sobre la propuesta de la diputada pvem para los ciclistas.)
Por ahora, la zona permanece acordonada y bajo investigación de la Fiscalía capitalina para determinar la responsabilidad penal de la empresa encargada y los propietarios. Mientras las autoridades afirman que existían notificaciones previas, el estado de salud del cuarto trabajador implicado sigue bajo pronóstico reservado en un hospital cercano, marcando un precedente de negligencia que obligará a revisar todos los predios catalogados como de alto riesgo en la zona centro.
