El Gobierno de Ecuador, a través de su Ministerio del Interior, ha manifestado un rechazo categórico ante las recientes declaraciones del líder criminal Wilmer Chavarría, mejor conocido bajo el alias de ‘Pipo’. Las autoridades calificaron como un "disparate" absoluto el intento del narcotraficante por vincular al actual presidente, Daniel Noboa, con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, un crimen que sacudió los cimientos democráticos del país en agosto de 2023.
John Reimberg, titular de la cartera del Interior, salió al paso de los señalamientos emitidos por Chavarría en el marco de un complejo proceso de extradición. Según el funcionario, estas afirmaciones carecen de cualquier sustento probatorio y forman parte de una narrativa fabricada por los grupos delictivos para desestabilizar al Ejecutivo y entorpecer las investigaciones que buscan desarticular a las mafias que operan en territorio ecuatoriano.
La postura oficial fue respaldada de inmediato por las hijas de Fernando Villavicencio. Amanda y Tamia Villavicencio declararon que las palabras de alias ‘Pipo’ no son más que una maniobra desesperada para "evadir la justicia" y, al mismo tiempo, intentar "lavar la cara al correísmo". Para las familiares del político asesinado, es evidente que el crimen organizado busca confundir a la opinión pública y politizar un proceso judicial que debe centrarse exclusivamente en hallar a los autores intelectuales del magnicidio.
Este escenario de violencia política y desinformación no resulta ajeno para el lector en México. El fenómeno de la interferencia del narcotráfico en los procesos electorales y el uso de calumnias para atacar a las instituciones son desafíos compartidos en la región. Al igual que ha ocurrido en diversos estados de la República Mexicana, el asesinato de un candidato presidencial representa un punto de inflexión donde la narrativa de los grupos criminales intenta suplantar la realidad jurídica del Estado.
Por ahora, el proceso judicial en Ecuador continúa bajo una estricta vigilancia internacional. La administración de Daniel Noboa ha reiterado que no cederá ante las presiones de las bandas delictivas transnacionales, mientras la Fiscalía trabaja en cerrar el cerco sobre quienes planearon el ataque contra Villavicencio. La batalla por la verdad en este caso sigue siendo una prioridad para una nación que lucha por recuperar la paz frente al asedio del crimen organizado.
