El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), pilar fundamental en la formación fílmica de nuestro país y organismo dependiente de la Secretaría de Cultura federal, enfrenta una crisis interna de carácter laboral. Docentes de la institución han conformado la Coalición de Trabajadores Académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., con el objetivo de denunciar y revertir las condiciones de precariedad bajo las que operan desde hace años.

De acuerdo con un comunicado emitido por el colectivo, la problemática central radica en que los profesores no son reconocidos como trabajadores formales bajo la Ley Federal del Trabajo. En su lugar, la institución utiliza el esquema de contratación conocido como “Capítulo 3000”, bajo la figura de “prestadores de servicios profesionales”. Esta modalidad, comúnmente criticada en la administración pública mexicana, anula la existencia de una relación laboral formal y priva a los académicos de prestaciones básicas, seguridad social, antigüedad y estabilidad.

Los denunciantes argumentan que esta situación constituye una simulación, ya que el cuerpo docente realiza un trabajo subordinado, cumpliendo con horarios establecidos, siguiendo programas académicos rigurosos y atendiendo las directrices institucionales del CCC. A pesar de ser una de las dos escuelas de cine más importantes de México, la planta docente se encuentra en un estado de vulnerabilidad que contrasta con el prestigio internacional de la institución.

La coalición está respaldada por más de 50 firmas, lo que representa aproximadamente a la mitad de los 100 profesores que integran la plantilla. Entre los firmantes se encuentran figuras prominentes de la industria cinematográfica nacional, como los realizadores Francisco Vargas (“El violín”), Natalia Bruchtein (“Lachatao”) y Maria Inés Roque (“Papá Iván”); el reconocido cinefotógrafo Juan José Saravia (“Matando Cabos”), la diseñadora de producción Gloria Carrasco y el académico decano Juan Francisco Urrusti.

Maria Inés Roque, quien funge como vocera del movimiento, aclaró que esta movilización no busca confrontar directamente a la actual dirección del CCC. Por el contrario, señaló que la solución definitiva se encuentra en manos de instancias federales superiores, específicamente la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes tienen la facultad de autorizar la regularización de las plazas y garantizar un trato digno para quienes forman a las futuras generaciones de cineastas en México.

El CCC, fundado en 1975, es una institución histórica que ha puesto el nombre de México en alto en festivales como Cannes, Berlín y los premios Oscar. Sin embargo, este conflicto laboral pone de manifiesto la deuda pendiente del Estado con los trabajadores de la cultura, quienes exigen que su labor sea reconocida con todos los derechos que la ley otorga.