El Gobierno de Cuba informó recientemente sobre la desarticulación de una supuesta operación terrorista que pretendía desestabilizar el orden político y social en la isla. Según el reporte oficial emitido por las autoridades de La Habana, el incidente culminó con un saldo de cuatro individuos fallecidos y la detención de otros seis hombres, quienes habrían ingresado ilegalmente a aguas territoriales cubanas procedentes de los Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones preliminares presentadas por el Ministerio del Interior de Cuba, el grupo —integrado por ciudadanos que residían en territorio estadounidense— orquestó un elaborado plan con el objetivo de derrocar al gobierno actual. Para llevar a cabo la operación, los implicados utilizaron una lancha rápida que transportaba un arsenal compuesto por armas de fuego de diversos calibres y material explosivo, elementos que fueron incautados por las fuerzas de seguridad durante la intercepción.
Las autoridades cubanas calificaron el suceso como un acto de agresión directa y una violación a la soberanía nacional. Según el comunicado oficial, los detenidos han sido vinculados a organizaciones que operan desde el exterior, las cuales, aseguran, buscan generar caos y violencia en la nación caribeña. Este tipo de incidentes refuerza la narrativa de la administración de Miguel Díaz-Canel sobre las constantes amenazas externas que enfrenta la isla, particularmente aquellas que se originan en el estado de Florida, donde reside una parte significativa de la comunidad de exiliados.
Para el público mexicano, este evento resuena en un contexto de histórica cercanía diplomática entre México y Cuba. Históricamente, la política exterior mexicana ha defendido los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, por lo que el reporte de intentos de derrocamiento armado suele generar una atención especial en los círculos políticos y sociales del país. La Cancillería mexicana y diversos organismos internacionales mantienen un monitoreo constante sobre la estabilidad en el Caribe debido a las implicaciones migratorias y de seguridad regional que estos conflictos pueden detonar.
Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los fallecidos ni de los detenidos, pero las autoridades cubanas aseguraron que se encuentran realizando interrogatorios profundos para deslindar responsabilidades y determinar si existen más células involucradas dentro o fuera de la isla. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial detallada sobre el origen de la embarcación o la situación legal de sus residentes involucrados en este operativo.
