En un paso decisivo para el panorama laboral en México, la reforma que busca reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales ha superado su último filtro legislativo en el Congreso de la Unión. La sesión, marcada por un intenso debate y el contraste entre el optimismo del bloque oficialista y la frustración de diversos colectivos de trabajadores, deja claro que el camino hacia una vida laboral más equilibrada apenas comienza.

La iniciativa, que ha sido una de las banderas sociales más visibles de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue recibida con aplausos por parte de los legisladores del partido en el poder y sus aliados. Sin embargo, fuera del recinto y en diversos espacios de opinión pública, el ambiente fue distinto. El descontento radica principalmente en el carácter gradual de la reforma, un esquema que busca minimizar el impacto económico en las pequeñas y medianas empresas, pero que posterga la aplicación inmediata de la reducción de horas.

Uno de los puntos más críticos que ha encendido las protestas es la exclusión de la demanda histórica de garantizar, de manera tajante, dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo. Si bien la reforma promete una transición hacia la jornada de 40 horas, los trabajadores y representantes sindicales argumentan que la falta de una obligatoriedad inmediata para el esquema de descanso desvirtúa el espíritu original de la lucha laboral en el país.

Desde la perspectiva económica, el sector patronal ha mantenido una postura de cautela, advirtiendo sobre posibles presiones en los costos operativos y la necesidad de tiempo para ajustar sus plantillas y procesos productivos. Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha defendido la gradualidad como una medida responsable para asegurar la viabilidad de la reforma sin comprometer la estabilidad económica nacional ni la competitividad de las empresas.

Con este avance, México se acerca gradualmente a los estándares internacionales de la OCDE en materia de horas trabajadas, aunque el sentimiento entre gran parte de la fuerza laboral es de una victoria incompleta. Las organizaciones civiles y sindicatos independientes han advertido que se mantendrán vigilantes ante los reglamentos secundarios que definirán los tiempos exactos de la transición, con el fin de evitar que el beneficio se diluya en interpretaciones legales que favorezcan únicamente a la parte empleadora.