Luego de más de mil 500 días de cautiverio, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental FundaRedes y uno de los activistas de derechos humanos más prominentes de Venezuela, ha decidido romper el silencio sobre las condiciones que enfrentó en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.
En un testimonio que ha conmocionado a la comunidad internacional, Tarazona describió un entorno de deshumanización absoluta dentro de lo que se considera la prisión más temida del gobierno de Nicolás Maduro. El activista fue enfático al narrar la precariedad extrema de las celdas: “Hacíamos nuestras necesidades donde nos servían la comida”, una frase que resume el trato degradante al que son sometidos los presos políticos en dicho recinto.
Tarazona fue detenido en julio de 2021 tras denunciar los presuntos vínculos entre altos mandos del gobierno venezolano y grupos guerrilleros colombianos en las zonas fronterizas. Desde entonces, su salud se deterioró notablemente, convirtiéndose en un símbolo de la persecución a la disidencia civil en el país sudamericano. Durante su encierro, el activista asegura haber sido testigo y víctima de tácticas diseñadas para quebrar el espíritu de quienes cuestionan el orden establecido.
Para el lector en México, el caso de Tarazona no es ajeno. La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido un tema recurrente en los foros diplomáticos regionales, donde México ha jugado roles variables entre la mediación y el acompañamiento. El relato de Tarazona pone de relieve la urgencia de mecanismos de vigilancia internacional en las cárceles de la región, donde la figura del “preso de conciencia” sigue siendo una realidad alarmante.
El Helicoide, una estructura arquitectónica imponente que originalmente fue diseñada como un centro comercial de lujo en los años 50, se ha transformado en el epicentro de denuncias por torturas, hacinamiento y tratos crueles. El testimonio de Tarazona se suma a una creciente lista de expedientes que buscan justicia ante organismos internacionales, mientras el activista intenta reintegrarse a una vida marcada por las secuelas de un encierro que él mismo califica como una prueba de supervivencia extrema.
