México enfrenta una de las crisis de ciberseguridad más graves de su historia reciente. Según un reporte de Bloomberg, un ataque masivo logró sustraer 150 gigabytes de información confidencial de instituciones críticas del Estado, utilizando herramientas de inteligencia artificial para vulnerar los sistemas de defensa gubernamentales.

Entre los organismos más afectados se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE), pilares fundamentales de la administración pública y la democracia en el país. No obstante, el alcance del hackeo se extendió a niveles estatales, comprometiendo bases de datos en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Incluso servicios estratégicos, como el registro civil de la capital y el sistema de agua de Monterrey, fueron víctimas de estas intrusiones.

La investigación, respaldada por la firma de ciberseguridad Gambit Security, revela un método sumamente sofisticado: un usuario desconocido manipuló un chatbot de la empresa Anthropic PBC. Mediante instrucciones precisas, logró que la inteligencia artificial actuara como un 'hacker de élite', identificando debilidades estructurales en los portales oficiales y automatizando el proceso de extracción de datos a gran escala.

Este operativo digital comenzó en diciembre y se mantuvo activo durante aproximadamente un mes sin ser contenido de manera efectiva. El saldo es devastador para la privacidad nacional: se estima la sustracción de 195 millones de registros de contribuyentes, datos sensibles del padrón electoral y credenciales de acceso de miles de empleados públicos. Esta información, en manos equivocadas, representa un riesgo latente de fraude, suplantación de identidad y espionaje.

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de vulnerabilidades reportadas recientemente en dependencias como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La facilidad con la que se emplearon herramientas de IA comerciales para perpetrar este ataque pone en entredicho las medidas de protección digital vigentes y resalta la urgente necesidad de robustecer la infraestructura tecnológica del Estado mexicano ante una amenaza que evoluciona con rapidez.