En un esfuerzo por reducir los incidentes viales que involucran a menores de edad, el estado de California ha puesto en marcha una iniciativa legislativa para definir con claridad qué constituye una bicicleta eléctrica (e-bike) y qué debe considerarse una motocicleta eléctrica o "e-moto". Esta distinción, que parece meramente técnica, tiene implicaciones críticas para la seguridad pública y la regulación de tránsito en las zonas urbanas.
El problema central radica en una "zona gris" legal que ha sido aprovechada por fabricantes y usuarios. Actualmente, el mercado está inundado de vehículos de dos ruedas que, aunque se comercializan bajo el nombre de bicicletas, poseen motores lo suficientemente potentes para alcanzar velocidades similares a las de una motocicleta convencional. Muchos de estos modelos, conocidos popularmente como e-motos, operan mediante un acelerador sin necesidad de pedaleo asistido, permitiendo que adolescentes los conduzcan por banquetas y ciclovías sin licencia, placa o capacitación previa.
La propuesta, impulsada por legisladores estatales y analizada por expertos en movilidad, surge tras una serie de accidentes fatales y lesiones graves reportadas en diversas comunidades californianas. El objetivo principal de la medida es educar a los padres de familia y a los jóvenes sobre los riesgos de estos vehículos de alto rendimiento. Se busca asegurar que las máquinas de alta potencia sean clasificadas correctamente y queden sujetas a las mismas leyes de registro y edad mínima que las motocicletas de combustión.
Para el contexto mexicano, esta discusión resulta sumamente relevante y oportuna. En metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el uso de vehículos eléctricos ligeros ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, los Reglamentos de Tránsito locales a menudo no diferencian con precisión entre un vehículo de pedaleo asistido (que alcanza velocidades moderadas) y uno de propulsión autónoma de alta velocidad. La falta de una norma oficial clara en México podría derivar en problemas de seguridad y conflictos viales similares a los que hoy intenta resolver el gobierno de California.
De aprobarse estas nuevas directrices, California sentaría un precedente internacional sobre cómo integrar las nuevas tecnologías de micromovilidad sin comprometer la integridad física de los usuarios más vulnerables. La batalla legislativa no es contra la innovación tecnológica, sino contra la ambigüedad jurídica que pone en riesgo la vida de los ciudadanos en las vialidades públicas.
