México vive actualmente una generacion cerca de la igualdad sustantiva tras décadas de lucha civil encabezada por mujeres en todo el país. Allegra María del Pilar Baiocchi, recientemente designada coordinadora residente de la ONU por António Guterres, confirmó que el país atraviesa un punto de inflexión en materia de derechos humanos. Este proceso de transformación se sustenta en la visibilización de la violencia sistemática que inició formalmente en la década de los 90.
La historia de este cambio comenzó en Ciudad Juárez con el trabajo de Esther Chávez Cano, quien documentó la desaparición y el asesinato de cientos de mujeres. Lo que antes se reportaba como hechos aislados, hoy se reconoce legalmente como feminicidio gracias a la labor de estas activistas pioneras. Este registro periodístico y social permitió que el movimiento feminista en México sentara las bases para las políticas públicas actuales que buscan la paridad total.
Para el lector en México, este avance significa una reestructura en el sistema judicial y la aplicación de protocolos internacionales de protección. El impacto también se extiende a España y el resto de Latinoamérica, donde el modelo de activismo mexicano sirve como referencia para combatir la violencia de género. La región comparte desafíos estructurales similares que requieren una respuesta coordinada entre los gobiernos y los organismos internacionales de alta supervisión.
El siguiente paso para el país implica consolidar la eliminación de figuras jurídicas controvertidas como la prisión preventiva oficiosa en casos que afectan a mujeres vulnerables. La ONU mantiene una vigilancia estrecha sobre el cumplimiento de estas recomendaciones para garantizar que el camino hacia la equidad no se detenga. La llegada de Baiocchi marca el inicio de una etapa de supervisión técnica más rigurosa sobre los compromisos adquiridos por el Estado mexicano ante la comunidad internacional.
La transición hacia una sociedad más justa depende de la capacidad institucional para proteger a las niñas y mujeres en los entornos más vulnerables. Actualmente, la agenda de las Naciones Unidas en México prioriza la seguridad y la representación política equitativa como pilares del desarrollo social. Se espera que los resultados de estas políticas se reflejen en los indicadores de bienestar nacionales durante los próximos años de gestión internacional.
