Reclaman transportistas y operadores del Puerto de Manzanillo por la imposición de un curso obligatorio de seguridad que condiciona el acceso a las terminales de carga en el Pacífico mexicano. Esta medida, impulsada por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo, establece un costo anual de 700 pesos por cada trabajador que busque ingresar al recinto portuario más importante del país. La intención de búsqueda de los usuarios se centra en el impacto económico de esta decisión que ya genera tensiones en la cadena de suministro nacional.

La normativa técnica se fundamenta en el Código Internacional para la Seguridad de los Buques y de las Instalaciones Portuarias y exige una capacitación de 15 horas con vigencia anual. De acuerdo con los cálculos técnicos de los gremios afectados, se estima un universo de 36 mil 750 usuarios potenciales, lo que representaría un flujo de ingresos brutos cercano a los 26 millones de dólares para las empresas operadoras del puerto. Este incremento en los costos operativos es visto por el sector transporte como un arancel indirecto que no fue consensuado con los usuarios finales de la zona. (Lee también: Así es como Audi pone su planta de Puebla a la vanguardia de la energía.)

La situación en el estado de Colima es crítica para México dado que este puerto gestiona una parte significativa de los contenedores que ingresan al territorio nacional, siendo la puerta principal para el intercambio comercial con el mercado asiático. Una interrupción o encarecimiento en la logística de Manzanillo repercute directamente en la estructura de precios y el suministro de componentes industriales en toda Latinoamérica. La estabilidad de este nodo es vital para el corredor logístico que conecta al Pacífico con el resto de la región, afectando la competitividad de las exportaciones e importaciones por igual. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el mercado desafiante de Coca-Cola Femsa.) (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el apagón eléctrico y la crisis en la red.)

Hasta el momento, la directiva de la asociación que encabeza José Antonio Contreras no ha emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos de opacidad en la implementación de la medida. Los transportistas han manifestado que este requisito se convierte en un filtro de acceso que resta agilidad a las maniobras diarias y eleva los gastos fijos de las PyMEs del sector. Se mantiene la expectativa sobre posibles mesas de negociación con las autoridades federales para evitar que el conflicto escale a paros técnicos que detengan el flujo de mercancías en el recinto.