La seguridad digital y la privacidad de los usuarios en México se enfrentan a un desafío persistente ante el notable incremento en las tácticas de acoso telefónico. Según reportes recientes, los ciudadanos en el país están recibiendo un promedio superior a las 18 llamadas de spam o intentos de fraude de manera mensual. Esta cifra no solo es alarmante por el volumen de interrupciones, sino porque refleja una tendencia al alza en comparación con el cierre de años anteriores, consolidando a la región como una de las más afectadas por esta problemática.
Este fenómeno, que impacta a usuarios de todas las compañías de telefonía móvil, trasciende la simple molestia publicitaria. Expertos en ciberseguridad señalan que este incremento responde a la automatización de procesos mediante 'bots' y a la filtración de bases de datos que permiten a grupos delictivos realizar miles de marcaciones por minuto. El objetivo de estas comunicaciones suele variar desde el 'vishing' —donde se busca engañar a la víctima mediante voz para obtener claves bancarias— hasta el 'wangiri' o llamadas de un solo toque que buscan provocar que el usuario devuelva la llamada a números de alta tarifa.
En el entorno mexicano, instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han enfatizado que la prevención es la herramienta más eficaz. A menudo, los estafadores utilizan números que aparentan ser de instituciones financieras legítimas o incluso de oficinas gubernamentales para generar confianza o miedo en el interlocutor. La recomendación fundamental de las autoridades es no proporcionar información personal bajo ninguna circunstancia y colgar de inmediato si se detecta un tono sospechoso, promesas de premios inverosímiles o presiones injustificadas sobre supuestos cargos bancarios.
Para combatir este asedio, existen mecanismos legales como el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), operado por la Profeco, donde los consumidores pueden inscribir su número para dejar de recibir llamadas de mercadotecnia. No obstante, para los intentos de fraude y extorsión, el bloqueo directo de números y el uso de aplicaciones de identificación de llamadas se han vuelto herramientas indispensables para los usuarios en su vida diaria.
La persistencia de estas cifras resalta la necesidad de una mayor regulación en la protección de datos personales y una vigilancia más estrecha sobre las empresas que comercializan bases de datos sin consentimiento. Mientras tanto, la cautela y el uso de la tecnología a favor del usuario siguen siendo las mejores defensas contra esta creciente ola de spam telefónico en territorio nacional.
