En lo que se perfila como uno de los golpes más contundentes a la infraestructura digital del Estado mexicano, se ha reportado una filtración masiva que compromete la información personal y fiscal de millones de ciudadanos. Según informes publicados originalmente por el diario Reforma, un ciberdelincuente logró sustraer una base de datos que asciende a 195 millones de registros, afectando de manera directa al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Nacional Electoral (INE).
El alcance del hackeo es alarmante. Entre los archivos extraídos se encuentran padrones electorales completos, datos detallados de contribuyentes, credenciales internas de empleados gubernamentales y una vasta cantidad de documentos confidenciales pertenecientes a diversas dependencias del sector público. Esta situación coloca a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad crítica, ya que la información comprometida incluye detalles sensibles que podrían facilitar el robo de identidad, extorsiones y fraudes financieros a gran escala.
Para los ciudadanos mexicanos, el SAT y el INE representan los pilares de la identidad civil y fiscal. Mientras que el INE resguarda los datos biométricos y domiciliarios de los votantes, el SAT gestiona la información financiera y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La exposición de estos registros no solo representa una violación flagrante a la privacidad, sino que pone en entredicho los protocolos de ciberseguridad que las instituciones federales han implementado durante la presente administración.
Expertos en seguridad informática han señalado que este tipo de filtraciones suelen terminar en foros especializados de la denominada 'dark web', donde la información se subasta o se vende al mejor postor. Hasta el momento, las instituciones involucradas han mantenido hermetismo respecto a la vulnerabilidad específica explotada por el atacante, aunque la magnitud de la cifra —195 millones de registros— sugiere que el acceso pudo haberse mantenido de forma persistente y sin ser detectado durante un periodo considerable.
Este incidente reaviva el debate sobre la urgente necesidad de inversión en tecnologías de protección de datos y la actualización de los sistemas de defensa en las dependencias de gobierno. En un contexto donde la digitalización de trámites es cada vez mayor, la protección de la información personal debe ser considerada una prioridad de seguridad nacional para evitar que los datos más sensibles de los mexicanos sigan a merced de la delincuencia digital organizada.
