En una reciente intervención que ha resonado en los círculos políticos del país, Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó una seria advertencia sobre los riesgos que implica la implementación de juntas temporales dentro de la estructura operativa del órgano electoral. Según el funcionario, esta transición de un modelo de servicio profesional permanente a uno de carácter transitorio podría vulnerar la autonomía institucional y dejar la puerta abierta a la injerencia directa de intereses gubernamentales en los procesos democráticos.
Rivera subrayó que la solidez del sistema electoral mexicano se ha basado históricamente en la fortaleza de su Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Este sistema garantiza que quienes operan las elecciones en cada distrito sean funcionarios capacitados, seleccionados por mérito y, sobre todo, ajenos a los ciclos políticos de los gobiernos en turno. Al sustituir estas posiciones estratégicas con personal temporal, se corre el riesgo de que los nuevos encargados carezcan de la estabilidad laboral y la independencia necesaria para resistir presiones externas.
“Las juntas temporales provocarían que los funcionarios encargados de organizar los comicios respondan a intereses del Gobierno o de fuerzas políticas predominantes, en lugar de servir estrictamente a la ciudadanía y al marco legal vigente”, señaló el consejero. Esta preocupación radica en que la falta de una carrera profesional establecida debilita el sentido de pertenencia y la obligación de neutralidad que ha caracterizado al INE desde su ciudadanización.
El debate sobre la reconfiguración administrativa del instituto ocurre en un momento crítico para la democracia mexicana. Las juntas distritales y locales son los pilares donde se ejecutan las tareas logísticas más delicadas, desde la cartografía electoral hasta la capacitación de los ciudadanos que instalan las casillas y cuentan los votos. La propuesta de temporalidad, a menudo presentada bajo una narrativa de austeridad, es vista por críticos y expertos como una medida que podría resultar sumamente costosa para la certeza y la calidad técnica de las elecciones.
Finalmente, el consejero Rivera reiteró que la autonomía no debe entenderse como un concepto abstracto, sino como una realidad que se materializa en la independencia de criterio de sus integrantes. Sin una estructura profesional permanente, el INE perdería gran parte de su capacidad de actuar como un árbitro imparcial, lo que representaría un retroceso en la confianza ciudadana que se ha construido a lo largo de las últimas décadas en México.
