El video congreso sobre la reforma a la Ley de Justicia Cívica en el Estado de México, analizado este lunes en comisiones legislativas, confirma la eliminación de sanciones ambiguas como faltar al respeto a la autoridad. Esta medida responde a un mandato directo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar certeza jurídica a los ciudadanos mexiquenses que anteriormente quedaban vulnerables ante el criterio discrecional de la policía local. El análisis comenzó formalmente en Toluca, Estado de México, con el fin de retirar disposiciones que carecen de efectos jurídicos tras la invalidez dictada por el máximo tribunal del país.

Históricamente, la justicia municipal en México ha operado en una zona gris donde la falta de claridad normativa permitía abusos de autoridad bajo el pretexto de agresiones verbales. La iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca armonizar la normativa estatal con los estándares internacionales de derechos humanos. Al derogar las fracciones que permitían sancionar conductas subjetivas, el Estado de México se alinea con una tendencia global de profesionalización de la justicia de proximidad, evitando que el lenguaje impreciso sea utilizado como una herramienta de recaudación o represión municipal por parte de los ayuntamientos. (Lee también: Por qué fijar pluris cambia todo en la política actual de México.)

De acuerdo con analistas del sector, uno de los puntos medulares de esta reforma es la reconfiguración del registro de personas infractoras. La legislación anterior invadía competencias federales al incorporar elementos vinculados a detenciones, una facultad que la Constitución reserva exclusivamente a la Federación a través del Registro Nacional de Detenciones. Según explicó Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación, el nuevo esquema transformará esta herramienta en un registro municipal de infracciones puramente administrativo, permitiendo a los municipios generar estadísticas sobre conductas reincidentes sin vulnerar el pacto federal ni la soberanía de los datos ciudadanos. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la pausa del plan electoral en el Senado.)

El impacto de esta reforma trasciende las fronteras mexiquenses, pues sienta un precedente vital para otras entidades de la República Mexicana y países de Latinoamérica que enfrentan crisis similares de arbitrariedad policial. En regiones con legislaciones de seguridad ciudadana activas, como España, el debate sobre la precisión de las sanciones administrativas es constante; por ello, el ajuste en el Edoméx es visto como un paso hacia la madurez institucional. Para el ciudadano promedio en México y la región, esto significa que la autoridad municipal ya no podrá imponer arrestos o multas basados en interpretaciones personales sobre lo que constituye una falta de respeto. (Lee también: 3 razones por las que presentaran proyecto para INE y doble nacionalidad.)

Tras el análisis inicial en comisiones este lunes, el proceso legislativo continuará con la elaboración del dictamen que será sometido a votación en el Pleno del Congreso local próximamente. Los legisladores han advertido que la Ley de Justicia Cívica requiere una revisión aún más profunda para unificar los criterios de aplicación en los 125 municipios de la entidad. Mientras la reforma avanza, queda claro que la vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de este fallo judicial será fundamental para asegurar que los cambios normativos se traduzcan en una justicia cotidiana transparente y ajena a la opacidad histórica del sistema administrativo local.