El magistrado Felipe de la Mata presentará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un documento donde se establece que presentaran proyecto para permitir que ciudadanos con doble nacionalidad compitan por las consejerías del INE. Esta propuesta busca eliminar el candado actual que exige ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad para integrar el máximo órgano electoral del país. El cambio permitiría que los aspirantes a ocupar las tres vacantes actuales en el Consejo General no sean descartados de forma automática por su estatus migratorio o legal en el extranjero.
La iniciativa surge tras la impugnación presentada por el ciudadano Francisco Antonio Rojas contra la convocatoria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El proyecto argumenta que la restricción impuesta en el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es desproporcionada. Según el magistrado, ya existen filtros legales y exámenes de idoneidad suficientes para verificar la independencia de los aspirantes sin necesidad de excluirlos por poseer un segundo pasaporte o nacionalidad adicional. (Lee también: El dato crítico sobre el desorden en el plan B: Jesús Silva Herzog Márquez #Colaboración.)
Para los ciudadanos en México, esta medida amplía los derechos políticos de millones de personas que mantienen vínculos con el extranjero. En un contexto global, la decisión alinea a México con estándares de inclusión democrática vistos en España y diversos países de Latinoamérica, donde la biculturalidad es vista como un activo y no como un impedimento para el servicio público. La propuesta subraya que la Constitución no exige de forma expresa una modalidad específica de nacionalidad para desempeñar el cargo de consejero electoral, a diferencia de otros puestos de alto nivel. (Lee también: Por qué el desorden en el plan B: Jesús Silva Herzog Márquez #Colaboración nos afecta.)
De ser aprobado por la mayoría de las magistraturas del TEPJF, la Jucopo en la Cámara de Diputados deberá ajustar la convocatoria de manera inmediata. Esto implica modificar los formatos de registro y obligar al Comité Técnico de Evaluación a revisar expedientes que previamente pudieron ser rechazados. La resolución obligaría a las autoridades a centrarse en la capacidad técnica y la probidad de los perfiles antes que en su situación documental de nacionalidad. (Lee también: 5 razones por las que Américo Villarreal afirma que tenemos gobierno en Tamaulipas.)
Este movimiento jurídico representa una actualización necesaria de los criterios de representación en los órganos autónomos mexicanos. La resolución final determinará si la apertura hacia la comunidad bicultural se consolida como un estándar para futuras convocatorias en el aparato burocrático de México. Por ahora, el proyecto se encuentra en lista de espera para ser votado por el pleno de la Sala Superior en su próxima sesión pública.
