Los legisladores de la Cámara Alta alistan posturas para el debate definitivo del llamado plan B de la reforma constitucional, el cual busca otorgar a la Presidenta de México la facultad de emitir opiniones durante el proceso de revocación de mandato. Esta iniciativa, turnada recientemente a comisiones, tiene como objetivo central modificar las reglas de comunicación política para que el Ejecutivo pueda defender su gestión frente a la ciudadanía, un movimiento que ha generado una fractura inmediata entre los bloques parlamentarios que se verá reflejada en las sesiones programadas para la próxima semana.

En el centro de la disputa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, confirmó que el texto enviado por Claudia Sheinbaum sufrirá modificaciones técnicas de fondo. Según el legislador, se ajustarán palabras y puntuación para garantizar que la Presidenta pueda explicar la importancia del proceso sin que esto constituya un llamado directo al voto, una distinción legal delgada que la oposición ya califica como propaganda encubierta dada la alta popularidad de la mandataria. Por ahora, el dictamen oficial con estos cambios sigue pendiente de confirmación y será revelado durante el inicio de las mesas de trabajo en comisiones. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el nuevo plantón de la diezmada CNTE.)

La estrategia del oficialismo es clara: avanzar con velocidad. Saúl Monreal, senador de Morena, adelantó que no se contempla la realización de un parlamento abierto para este paquete de reformas, argumentando que el apoyo de los partidos aliados es suficiente para transitar hacia la votación en el pleno. Esta decisión ha cerrado la puerta a la participación de organizaciones civiles y académicos, lo que acelera los tiempos legislativos pero aumenta la tensión con las bancadas del PAN y el PT, quienes analizan detalladamente los alcances jurídicos de permitir que el poder Ejecutivo intervenga en una consulta sobre su propia continuidad. (Lee también: El trasfondo de la Reforma Electoral para 2027 según Alejandra Cullen.)

Este escenario es crucial para México porque establece las reglas del juego para la consulta de 2027 y redefine los límites de la libertad de expresión gubernamental frente a la equidad electoral. El impacto trasciende fronteras, llegando a ser relevante para España y diversos países de Latinoamérica, donde la figura de la revocación de mandato ha sido utilizada para medir la estabilidad democrática. Una modificación en la neutralidad del Ejecutivo en estos procesos podría influir en futuras legislaciones de la región que busquen replicar el modelo mexicano de democracia directa. (Lee también: Por qué la Reforma Electoral y la revocación son una maniobra: Alejandra Cullen.)

Por su parte, la oposición ha lanzado un contraataque que podría cambiar el rumbo de la discusión. Jorge Romero, dirigente del PAN, aceptó el reto de la reforma pero con una condición: que se incluya a los gobernadores estatales en el mismo esquema de revocación. Esta propuesta busca obligar a los mandatarios estatales, en su mayoría de Morena, a someterse al mismo escrutinio que la Presidenta. La respuesta del bloque mayoritario ante esta exigencia determinará si el plan B avanza sin contratiempos o si se convierte en una batalla legal de largo aliento en el Congreso de la Unión.