El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió hoy que analizará de fondo la presunta intromisión de un juez civil en materia electoral tras favorecer al empresario Ricardo Salinas. El conflicto escaló luego de que el Pleno rechazara el proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón, quien sugería que el Tribunal no tenía competencia para intervenir, ordenando que una nueva magistratura presente un proyecto que resuelva si el INE fue vulnerado en sus facultades regulatorias en una fecha aún por definir.
La controversia se originó cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó suspender un spot de Morena donde aparece la imagen de Ricardo Salinas bajo la premisa de que hay quienes ven a México como un botín. Sin embargo, apenas un día después de esta negativa del 3 de marzo, un juez civil de la Ciudad de México emitió medidas cautelares para bajar el promocional, una acción que el INE y Morena consideran ilegal por invadir atribuciones exclusivas de la autoridad electoral para fiscalizar los tiempos del Estado. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la reforma que Sheinbaum envía al Congreso.)
Esta disputa es crítica para México porque pone a prueba la jerarquía de las autoridades electorales frente a tribunales ordinarios, estableciendo si un interés privado puede frenar la pauta de partidos políticos mediante la vía civil. El caso resuena en toda Latinoamérica y España, regiones donde la autonomía de los órganos electorales frente a poderes económicos y judiciales es un tema central de debate para garantizar la equidad en las contiendas democráticas y la libertad de crítica política. (Lee también: Así es como la CNTE realiza su apoyo a Cuba y Venezuela en la CDMX.) (Lee también: Por qué Segob llaman a diálogo urgente tras el paro de la CNTE.)
Por ahora, el spot de Morena permanece bajo los efectos de la suspensión dictada por el juez civil, mientras el TEPJF designa a un nuevo ponente para determinar la validez de dicha orden. Se espera que en las próximas sesiones públicas el Tribunal emita un fallo definitivo que aclare si los juzgados de lo civil pueden o no intervenir en contenidos partidistas, un vacío legal que hasta hoy genera incertidumbre sobre las reglas del juego democrático en el país.
