Las calles de Buenos Aires se convirtieron este jueves en un escenario de alta tensión y violencia cuando efectivos de las fuerzas de seguridad de Argentina arremetieron contra diversos periodistas que daban cobertura a las manifestaciones frente al Congreso de la Nación. Las protestas, motivadas por el rechazo ciudadano a las reformas propuestas en la denominada Ley de Glaciares, terminaron en una jornada marcada por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra trabajadores de los medios de comunicación.
El incidente más grave, y que ha generado una ola de indignación internacional, fue la agresión directa contra el camarógrafo Facundo Tedeschini. Mientras realizaba una transmisión en vivo para un programa de televisión, Tedeschini fue abordado de forma violenta por los uniformados. Las imágenes captadas en tiempo real muestran cómo el comunicador fue empujado y lanzado al suelo por los oficiales, quienes procedieron a esposarlo a pesar de que se encontraba plenamente identificado y realizando su labor profesional.
Testigos y colegas presentes en el sitio denunciaron que la intervención policial no distinguió entre manifestantes y trabajadores de la prensa. Tras el altercado, Tedeschini tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante la detención y el sometimiento físico. Este evento ha encendido las alarmas sobre el respeto a la libertad de expresión y la integridad física de los periodistas en el país sudamericano, especialmente en un contexto de alta polarización política.
Para el público en México, estos hechos resuenan de manera particular, ya que la protección a periodistas y el activismo ambiental son temas críticos en la agenda nacional. La Ley de Glaciares, que se debate actualmente en el Poder Legislativo argentino, ha generado una profunda controversia por las posibles modificaciones que facilitarían actividades industriales en zonas protegidas, un debate que guarda similitudes con las discusiones sobre la conservación de recursos naturales y el impacto de megaproyectos en territorio mexicano.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y diversos sindicatos de prensa en Argentina han condenado enérgicamente el actuar de las autoridades federales. Se ha exigido una investigación exhaustiva sobre los protocolos utilizados durante la dispersión de la protesta y garantías reales para que la labor informativa no sea criminalizada ni reprimida mediante la violencia física por parte del Estado.
