GUANAJUATO, GTO.- En una resolución trascendental para el sistema de justicia y la seguridad pública en la región del Bajío, autoridades judiciales confirmaron la vinculación a proceso de cuatro personas por su presunta participación en los hechos violentos que sacudieron diversos puntos del estado de Guanajuato en fechas recientes. El cargo principal que enfrentarán los señalados es el de terrorismo, bajo la calidad jurídica de coautores, tras haber sido detenidos durante intensos operativos realizados por fuerzas federales y estatales.
De acuerdo con la resolución del juez de control encargado del caso, los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron calificados como suficientes para establecer la probable responsabilidad de estos individuos en actos diseñados para desestabilizar la paz pública y generar un clima de temor generalizado entre la ciudadanía. El estatus de "coautores" implica que, según las investigaciones ministeriales, los detenidos tuvieron una participación directa, material y coordinada en la planeación y ejecución de los disturbios, que incluyeron bloqueos viales y ataques contra diversos bienes en la entidad.
Sin embargo, el proceso legal no avanzó de la misma manera para la totalidad de los sospechosos capturados inicialmente. En la misma audiencia, se confirmó la liberación de 18 personas que habían sido detenidas durante el despliegue táctico de las fuerzas de seguridad tras los incidentes. Según informaron fuentes judiciales, la autoridad determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincularlos de manera directa con los delitos de alto impacto imputados, por lo que se ordenó su libertad inmediata, sin perjuicio de que las investigaciones continúen su curso.
La aplicación del cargo de terrorismo es un movimiento legal significativo en Guanajuato. Según el marco legal mexicano, esta figura se utiliza cuando se emplean métodos capaces de producir alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad del Estado o presionar a las autoridades. La naturaleza de los recientes eventos violentos en la zona ha llevado a las fiscalías a endurecer las imputaciones para asegurar que los responsables enfrenten las penas más severas contempladas por la ley.
Los cuatro individuos ahora vinculados a proceso permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en un centro de reinserción social, mientras se cumple el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria. Por su parte, el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad federales mantienen un despliegue permanente de vigilancia en los municipios afectados para prevenir nuevos brotes de violencia y garantizar la protección de la población civil en una de las zonas con mayores desafíos de seguridad en el país.
