En un movimiento estratégico para estabilizar su situación financiera, TV Azteca, la segunda televisora más importante de México, anunció formalmente su decisión de solicitar el inicio de un proceso de concurso mercantil. Esta medida, impulsada por la administración de Ricardo Salinas Pliego, tiene como objetivo principal el saneamiento de sus pasivos y la reestructuración de sus compromisos económicos bajo un marco de supervisión judicial.

La empresa atribuyó esta determinación al impacto financiero derivado del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Según informó la compañía, el desembolso de más de 5,000 millones de pesos realizado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) representó una presión significativa para su flujo de caja, lo que motivó la búsqueda de este mecanismo legal para ordenar sus finanzas sin comprometer su operatividad cotidiana.

El concurso mercantil es una figura jurídica contemplada en la legislación mexicana que permite a las empresas en situación de insolvencia o iliquidez negociar con sus acreedores de manera organizada. A través de este proceso, TV Azteca pretende establecer un plan de pagos sostenible y reordenar su deuda, contando con el acompañamiento de un conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

En el contexto actual, la televisora del Ajusco enfrenta un panorama complejo caracterizado por la presión de tenedores de bonos en el extranjero y litigios fiscales de larga data. La dirección de la empresa subrayó que esta solicitud no implica el cese de sus actividades comerciales o de producción; por el contrario, se busca fortalecer la estructura de capital para asegurar la permanencia de la firma en el competitivo mercado de los medios de comunicación y las telecomunicaciones.

Con este paso, TV Azteca se une a la lista de grandes corporativos mexicanos que han recurrido a la protección judicial para sortear crisis de liquidez. En las próximas semanas, las autoridades correspondientes deberán evaluar la solicitud para determinar si la empresa cumple con los requisitos necesarios para entrar formalmente en la etapa de conciliación, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión de Grupo Salinas.