La ciudad de Puerto Vallarta enfrenta las secuelas de una jornada violenta que ha paralizado servicios gubernamentales clave. Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicadas estratégicamente sobre la avenida Francisco Villa, en la colonia Fluvial Vallarta, se mantienen fuera de servicio luego de ser blanco de actos de rapiña e incendios provocados durante la ola de disturbios más reciente en la entidad.

De acuerdo con reportes locales y testimonios recabados tras los hechos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero de 2026, las instalaciones fueron atacadas presuntamente por células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta embestida se inserta en una serie de reacciones violentas coordinadas tras los operativos desplegados por fuerzas federales con el objetivo prioritario de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder máximo de dicha organización criminal.

Testigos presenciales relataron momentos de extrema tensión cuando sujetos, presuntamente a bordo de motocicletas, iniciaron el fuego y causaron destrozos significativos tanto en la fachada como en el mobiliario interior del edificio administrativo. A varios días de los incidentes, el panorama frente a las oficinas es de total incertidumbre. Las puertas permanecen selladas y las marcas del fuego son visibles en la estructura, mientras que las autoridades fiscales centrales aún no emiten un comunicado oficial detallando la fecha de reapertura o el plan de contingencia para quienes tenían citas programadas.

Esta situación ha generado una creciente inconformidad y desesperación entre los contribuyentes vallartenses. Cientos de personas que requieren realizar trámites urgentes, tales como la renovación de firmas electrónicas, altas en el RFC o la regularización de declaraciones anuales, se han topado con un inmueble inoperable y sin personal que brinde orientación básica. La falta de canales de comunicación efectivos ha obligado a algunos usuarios a considerar el traslado a oficinas en municipios colindantes o incluso a Guadalajara, lo que implica gastos adicionales y retrasos considerables en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

La colonia Fluvial Vallarta, una de las zonas de mayor dinamismo económico y administrativo en el puerto, se mantiene bajo una vigilancia discreta pero persistente, mientras se espera el arribo de más refuerzos militares para fortalecer las labores de seguridad pública en la región. El impacto de estos ataques no solo afecta la recaudación y la administración pública, sino que subraya el clima de vulnerabilidad en el que operan las instituciones civiles ante el crimen organizado en el estado de Jalisco. Los ciudadanos y cámaras empresariales locales han hecho un llamado enérgico para que el Gobierno Federal restablezca el orden y garantice que los servicios esenciales no sigan paralizados por el temor y la violencia.