Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los baluartes turísticos más importantes de México, intenta recuperar la calma tras una violenta jornada que dejó cicatrices profundas en su infraestructura y seguridad. Tras 27 horas de silencio institucional, el alcalde Luis Ernesto Munguía finalmente se pronunció sobre los ataques coordinados que paralizaron al municipio el pasado domingo, reconociendo la magnitud de una crisis que afectó severamente tanto a residentes como a visitantes nacionales y extranjeros.
De acuerdo con el balance preliminar presentado por el edil vallartense, los disturbios —presuntamente desencadenados como una reacción violenta ante la noticia del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— resultaron en la afectación de más de 200 vehículos, los cuales fueron incendiados en diversos puntos estratégicos del municipio. Estos ataques simultáneos y narcobloqueos colapsaron las principales vías de comunicación, sembrando el pánico en las zonas urbanas y las periferias del puerto.
La ofensiva criminal no se limitó únicamente al parque vehicular. Munguía informó que al menos 70 tiendas de autoservicio y diversos establecimientos comerciales también fueron blanco de ataques incendiarios. Estos actos representaron un golpe directo a la economía local en una ciudad que depende de manera vital del flujo turístico. La visibilidad de establecimientos emblemáticos consumidos por las llamas ha generado una honda preocupación en el sector empresarial, que ahora enfrenta el reto de la reconstrucción y la recuperación de la confianza de los viajeros.
La crítica principal hacia la administración local se ha centrado en el prolongado tiempo de respuesta y la falta de comunicación oficial oportuna. El hecho de que el alcalde emitiera un pronunciamiento oficial más de un día después de iniciada la emergencia ha generado fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de gestión y reacción del gobierno municipal ante situaciones de alto impacto. Durante las horas de mayor incertidumbre, el vacío informativo fue llenado por reportes en redes sociales, lo que incrementó la sensación de vulnerabilidad en la región.
Actualmente, Puerto Vallarta se mantiene bajo una vigilancia reforzada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las autoridades locales continúan con el levantamiento de daños para determinar las cifras definitivas de las pérdidas económicas. Mientras tanto, la comunidad internacional y el sector turístico observan con cautela la situación del puerto, cuya estabilidad se vio comprometida por la violenta capacidad de respuesta de los grupos delictivos ante los cambios en sus estructuras de mando.
