En un fallo histórico para la justicia digital y los derechos humanos, un tribunal griego sentenció este jueves a ocho años de prisión a Tal Dilian, fundador de Intellexa, y a otros tres altos ejecutivos de la compañía. El veredicto responde a su responsabilidad directa en una red de espionaje ilegal y violaciones sistemáticas a la privacidad que sacudieron a la Unión Europea.

El caso, bautizado mediáticamente como el 'Watergate griego', se remonta al año 2022, cuando diversas investigaciones periodísticas y de organismos de ciberseguridad revelaron que decenas de figuras públicas, incluyendo periodistas de investigación y políticos de la oposición, fueron blanco del software espía Predator. Este programa, desarrollado y comercializado por el consorcio Intellexa, funciona de manera similar al tristemente célebre Pegasus, permitiendo el acceso total a los micrófonos, cámaras, mensajes y archivos de teléfonos inteligentes sin el consentimiento ni el conocimiento del usuario.

La justicia helénica determinó que Dilian y su equipo directivo facilitaron la infraestructura técnica necesaria para llevar a cabo estas intervenciones telefónicas ilícitas. Para el lector en México, este precedente resulta de particular relevancia, dado que el país ha enfrentado durante años múltiples escándalos por el uso indebido de herramientas de vigilancia contra activistas, defensores de derechos humanos y comunicadores. Mientras que en territorio mexicano las investigaciones sobre los proveedores de estas tecnologías suelen estancarse, la resolución en Grecia marca un hito jurídico al responsabilizar penalmente a los desarrolladores de armas digitales.

Intellexa ha sido objeto de escrutinio internacional previo, incluyendo sanciones por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos debido a sus actividades que amenazan la seguridad nacional y la privacidad a nivel global. Sin embargo, esta sentencia representa una de las primeras ocasiones en que directivos de la industria del spyware enfrentan penas de prisión efectivas por el despliegue de su software en operaciones de interceptación ilegal.

El escándalo no solo provocó una crisis política interna en Grecia que alcanzó las esferas más altas del poder ejecutivo, sino que también impulsó nuevas regulaciones en el Parlamento Europeo para limitar la exportación de estas herramientas. La condena de Tal Dilian envía un mensaje contundente a la industria global de la ciberinteligencia: la comercialización de software diseñado para vulnerar derechos fundamentales no puede operar por encima de la ley, estableciendo un precedente necesario para la protección de la libertad de prensa y la integridad política en la era digital.