En el ecosistema financiero de México, las 'tandas' representan uno de los mecanismos de ahorro informal más arraigados y utilizados por la población para solventar gastos imprevistos, realizar compras importantes o simplemente evitar el endeudamiento bancario. Ante la reciente ola de desinformación que sugería una persecución fiscal contra estos esquemas para el año 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una postura oficial para dar certidumbre a los contribuyentes.
El organismo tributario precisó de manera categórica que no realiza operativos de supervisión ni cuenta con programas de vigilancia específicos sobre los recursos provenientes de las tandas. Esta aclaración busca frenar los rumores que circulaban en redes sociales, los cuales afirmaban que participar en estos grupos de ahorro podría derivar en multas severas o auditorías por parte de la autoridad hacendaria.
Es fundamental entender el contexto bajo el cual opera el fisco mexicano. Si bien es cierto que las instituciones bancarias tienen la obligación de reportar mensualmente los depósitos en efectivo que superen los 15,000 pesos, el SAT ha reiterado en diversas ocasiones que su interés principal se centra en la detección de discrepancias fiscales significativas y actividades ilícitas, y no en el ahorro vecinal o familiar que se redistribuye entre particulares.
Expertos en materia fiscal señalan que, aunque la tanda no es un ingreso acumulable (ya que se trata de dinero que ya pagó impuestos al ser percibido originalmente como salario), el riesgo real para los ciudadanos surge cuando no existe una correlación lógica entre sus ingresos declarados y sus movimientos bancarios. Sin embargo, el hecho de recibir el 'número' de una tanda en una cuenta de débito no dispara automáticamente una sanción ni una investigación, siempre y cuando el origen de los fondos sea lícito.
La autoridad fiscal mexicana recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar caer en noticias falsas que buscan generar pánico sobre la fiscalización del efectivo. Con esta declaración, el SAT reafirma su compromiso de enfocarse en los grandes contribuyentes y en la simplificación administrativa, dejando de lado cualquier intención de sancionar una de las prácticas de ahorro popular más emblemáticas del país hacia el futuro cercano.
