LONDRES, REINO UNIDO – En un esfuerzo por acelerar la transición energética en el Reino Unido, el gobierno liderado por el Partido Laborista —la actual fuerza política en el poder tras su victoria electoral este año— ha anunciado un incremento de 150 libras esterlinas (aproximadamente 3,800 pesos mexicanos) en los subsidios destinados a la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en los hogares.
No obstante, lo que parecía ser una noticia positiva para el sector de la movilidad sustentable ha sido recibida con matices y críticas. Según informes del diario británico Daily Mail, este nuevo incentivo económico no es universal. El esquema de apoyo está estrictamente diseñado para beneficiar a sectores específicos, dejando fuera a una parte considerable de la población que ya posee o planea adquirir un auto eléctrico.
El programa de subsidios está dirigido exclusivamente a personas que viven en propiedades rentadas, propietarios de departamentos, dueños de negocios o residentes cuyas viviendas no cuentan con una entrada privada o 'driveway'. Esta restricción implica que millones de propietarios de viviendas unifamiliares con estacionamiento propio han quedado bloqueados para acceder al descuento, una decisión que ha generado descontento entre los ciudadanos que consideran la medida como discriminatoria.
Para el contexto mexicano, es importante entender que el Partido Laborista británico mantiene una agenda fuertemente enfocada en la justicia social y la descarbonización. Al limitar el apoyo a quienes viven en departamentos o casas sin cochera, el gobierno busca priorizar a los ciudadanos que enfrentan mayores retos logísticos para cargar sus vehículos, ya que estas personas suelen depender de redes de carga pública que resultan más costosas que la electricidad doméstica.
Sin embargo, los críticos señalan que esta política podría ser contraproducente. Al excluir a los propietarios con cocheras privadas —quienes tradicionalmente son los primeros adoptantes de la tecnología eléctrica por la facilidad de instalación—, se podría estar frenando el ritmo de adopción masiva necesario para cumplir con las metas ambientales del país para el año 2030.
Mientras que en México la discusión sobre la infraestructura para vehículos eléctricos aún se centra en la expansión de la red de carga pública en carreteras y centros urbanos, en el Reino Unido el debate ha evolucionado hacia la equidad en el acceso a los subsidios gubernamentales. Por ahora, los propietarios británicos con cochera propia deberán asumir el costo total de la instalación, mientras el Partido Laborista defiende su postura de apoyar primero a quienes tienen mayores barreras de infraestructura.
