El panorama de las telecomunicaciones en México se encamina hacia una transformación estructural definitiva. A partir del próximo 9 de enero de 2026, entrará en vigor el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida que impactará a millones de usuarios en todo el territorio nacional.

Esta nueva disposición, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establece un control estricto sobre la identidad de los titulares de servicios de comunicación móvil. A diferencia de intentos previos de regulación, esta normativa no hará distinciones entre las modalidades de contratación, aplicando por igual tanto a usuarios con planes de renta mensual como a aquellos que utilizan el sistema de prepago.

De acuerdo con las autoridades competentes, la implementación de este padrón responde a una necesidad urgente de fortalecer la seguridad pública. El objetivo primordial de la normativa es combatir de manera frontal delitos de alto impacto, tales como la extorsión telefónica, el fraude y el secuestro. Al establecer un vínculo directo entre un número telefónico y la identidad oficial de una persona, las autoridades buscan mitigar la incidencia delictiva que se apoya en el anonimato de las tarjetas SIM.

El Centro de datos de las autoridades subraya que la creación de este padrón de usuarios plenamente identificados permitirá una trazabilidad más eficiente en investigaciones criminales. Hasta ahora, el uso de líneas de prepago sin registro ha sido un obstáculo recurrente para la impartición de justicia en casos de llamadas de extorsión que se originan desde centros penitenciarios o por parte del crimen organizado.

Para los suscriptores de empresas como Telcel, AT&T y Movistar, el proceso implicará la actualización de sus datos ante sus respectivos proveedores. Las autoridades han enfatizado que el incumplimiento de este registro podría derivar en la desvinculación o suspensión del servicio de telefonía, lo que subraya la importancia de que los ciudadanos se preparen para este cambio antes de la fecha límite establecida en 2026. Con esta estrategia, México busca cerrar la brecha de anonimato en las comunicaciones móviles, alineándose con prácticas de seguridad internacional en la materia.