La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto sobre la mesa una de las iniciativas más ambiciosas en materia democrática dentro del paquete de reformas de la llamada Cuarta Transformación. Bajo la premisa de optimizar los recursos públicos y fortalecer la representación directa, la nueva propuesta de reforma electoral busca transformar de fondo los mecanismos de conteo de votos y la integración misma del Poder Legislativo.

Uno de los puntos neurálgicos de esta iniciativa es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Históricamente, el PREP ha fungido como una herramienta de certeza informativa que permite a la ciudadanía conocer las tendencias de votación la misma noche de la jornada electoral. La propuesta del Ejecutivo plantea transitar hacia un modelo de "cómputo directo", el cual iniciaría el conteo oficial con validez jurídica de manera inmediata, eliminando el paso intermedio de la difusión preliminar con el fin de agilizar la entrega de resultados definitivos.

En paralelo, la reforma contempla un recorte significativo en la estructura del Congreso de la Unión, enfocándose específicamente en la Cámara de Senadores. El plan oficialista busca la eliminación de las senadurías de representación proporcional, conocidas comúnmente como plurinominales. Actualmente, el Senado se integra por 128 legisladores, de los cuales 32 son asignados mediante listas nacionales según el porcentaje de votación de cada partido. Con esta medida, el gobierno federal pretende reducir el gasto público bajo los principios de la austeridad republicana, argumentando que los representantes deben contar con el respaldo directo de la ciudadanía en las urnas.

Esta iniciativa se enmarca en el cierre del ciclo de reformas constitucionales que buscan consolidar un nuevo sistema político en México. Mientras los promotores de la medida aseguran que se trata de un avance hacia una democracia más eficiente y menos costosa, analistas y sectores de la oposición han manifestado su preocupación por el impacto que la eliminación de los escaños proporcionales podría tener en la pluralidad política del país.

El debate en el Congreso de la Unión se perfila como uno de los más intensos del actual periodo legislativo, ya que de aprobarse, implicaría una reconfiguración profunda en las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y un cambio de paradigma en la cultura cívica y la vigilancia electoral en México.