Han pasado más de dos décadas desde que los Países Bajos decidieron despenalizar los burdeles con la intención de regular el sector y proteger a quienes lo ejercen. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama alarmante: la prostitución ilegal no solo persiste, sino que parece haberse estancado en niveles críticos, desafiando las políticas públicas de una de las naciones tradicionalmente más liberales de Europa.
Según datos recientes de la policía neerlandesa, se estima que en el país operan actualmente unas 20,000 trabajadoras sexuales. Lo preocupante de estas cifras es que las autoridades calculan que hasta 6,000 de ellas —casi un tercio del total— podrían estar siendo obligadas a ejercer esta actividad bajo esquemas de trata de personas o explotación laboral. Este fenómeno evidencia que la legalización no ha logrado erradicar las redes clandestinas que lucran con la vulnerabilidad humana.
Este estancamiento representa un llamado de atención internacional, especialmente para países que consideran modelos de regulación similares. El objetivo original de la ley del año 2000 era sacar la actividad de las sombras, garantizar servicios de salud y combatir el crimen organizado. No obstante, el informe policial sugiere que el mercado regulado convive con un ecosistema de ilegalidad donde las víctimas son coaccionadas mediante deudas, amenazas o engaños migratorios, quedando fuera del alcance de los inspectores laborales y sanitarios.
Para México y el resto de América Latina, el caso neerlandés sirve como un espejo de las dificultades que implica la regulación de los mercados de servicios sexuales. La experiencia europea demuestra que la ley por sí sola no garantiza la seguridad si no viene acompañada de una fiscalización exhaustiva y de recursos suficientes para combatir a las mafias transnacionales.
Hacia adelante, el gobierno neerlandés enfrenta el reto de endurecer la vigilancia sobre los establecimientos y mejorar la detección de víctimas en entornos digitales, donde gran parte de la oferta se ha trasladado. La situación pone sobre la mesa el debate sobre si el sistema requiere una reforma profunda o si la despenalización absoluta ha facilitado, involuntariamente, el ocultamiento de actividades delictivas. Por ahora, el enfoque se mantiene en intensificar la cooperación policial para rescatar a las miles de personas atrapadas en este sistema de explotación.
