Un juez de control dictó que vinculan proceso a Enrique N, profesor de inglés en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por el delito contra la intimidad sexual agravado tras ser sorprendido grabando bajo la falda de una alumna el pasado 18 de marzo. El juzgador determinó que existen pruebas suficientes para iniciar un juicio formal contra el docente, quien aprovechó un momento de entrega de actividades escolares en un colegio de la colonia Del Valle para cometer la agresión digital contra la menor de 16 años de edad.

Los hechos ocurrieron durante una clase ordinaria cuando el ahora imputado solicitó a los estudiantes que pasaran uno a uno a su escritorio para revisar sus tareas. Según los reportes de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Enrique N utilizó su teléfono celular para realizar grabaciones no consentidas mientras la víctima se encontraba de pie frente a él. La detención fue posible gracias a que una compañera de clase detectó la conducta sospechosa, grabó el acto delictivo con su propio dispositivo y alertó de inmediato a las autoridades del plantel educativo, quienes solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (Lee también: Así es como el ataque a un menor en la Morelos afecta tu seguridad hoy.)

Este caso ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las instituciones educativas de nivel medio superior en México, donde la aplicación de leyes contra la violencia digital, como la Ley Olimpia, busca castigar severamente la vulneración de la intimidad. Mientras la defensa del profesor intentó desestimar las pruebas, el Ministerio Público presentó el testimonio de los testigos y el material audiovisual recolectado en el lugar de los hechos. El juez ha otorgado un plazo para la investigación complementaria, tiempo durante el cual se definirá la situación jurídica final del implicado, quien permanece bajo la vigilancia de las autoridades judiciales. (Lee también: 5 razones por las que la nueva expo del alcalde Alvaro Obregón es imperdible.)

La relevancia de esta noticia trasciende las fronteras mexicanas y resuena en España y el resto de Latinoamérica, regiones que actualmente enfrentan un debate intenso sobre el uso de dispositivos móviles y la protección de menores en las aulas. En México, la vinculación a proceso de figuras de autoridad en el ámbito educativo representa un paso crítico para romper el silencio ante el acoso escolar y garantizar que las escuelas sean espacios seguros. Se espera que en las próximas semanas se determine si existen más víctimas relacionadas con este docente en la misma institución o en empleos anteriores. (Lee también: El dato que no sabías sobre el peligro en el antiguo Cine Tlatelolco hoy.)

Por ahora, el proceso continúa bajo la premisa de presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva por parte de los tribunales capitalinos. La comunidad escolar y colectivos de padres de familia en la Ciudad de México han exigido que se revisen los protocolos de contratación y supervisión de los profesores para evitar que este tipo de incidentes se repitan. Las autoridades educativas aún no han confirmado si habrá sanciones administrativas adicionales para el colegio privado donde ocurrieron los hechos registrados el pasado 18 de marzo.