Sheinbaum instala hoy la comisión especial para la Ley contra el Feminicidio en una reunión clave celebrada en Palacio Nacional a las 18:00 horas del centro de México. El evento marca el inicio de una estrategia nacional para homologar el delito de feminicidio en todo el país, buscando que las penas alcancen hasta los 70 años de prisión y se eliminen las discrepancias legales que hoy permiten la impunidad en diversos estados de la República.

La presencia de Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el dato que llamó la atención tras las recientes tensiones entre poderes, pero confirma que el Poder Judicial participará directamente en el seguimiento de esta legislación. El encuentro cuenta con la participación de integrantes del gabinete federal y autoridades locales, quienes participan tanto de forma presencial como virtual para cerrar filas ante la violencia extrema contra las mujeres. (Lee también: Así es como un comando ataca en Tres Marías y pone en jaque a Morelos.)

Para el lector, este movimiento es crítico porque implica la creación de un registro de orfandad por feminicidio y una mayor presión sobre las fiscalías estatales para no reclasificar estos crímenes de forma errónea. Mientras el gobierno afirma que esta coordinación garantizará justicia expedita, fuentes cercanas al proceso indican que la implementación técnica en los estados y la asignación de presupuestos específicos todavía están pendientes de confirmar en los próximos meses. (Lee también: Lo que la fiscalia edomex descubrió en 53 anexos y que nadie te había dicho.)

Esta iniciativa coloca a México en el centro del debate sobre violencia de género en Latinoamérica, siguiendo modelos de supervisión institucional que ya han sido discutidos en España y otros países de la región con altas tasas de criminalidad. La relevancia para el público en España y el resto de la región radica en la posible exportación de este modelo de coordinación entre poderes para frenar una crisis que es compartida por toda el área hispanohablante. (Lee también: Así es como el Plan B electoral afecta tu municipio: sigue en vivo alianza de la 4T.)

Lo que sigue ahora es la definición de los calendarios para que cada congreso local adapte sus códigos penales a esta nueva norma federal de forma obligatoria. Por ahora, el gobierno se mantiene en sesión permanente para detallar cómo se distribuirán los recursos para las nuevas unidades de investigación, un paso que será fundamental para determinar si esta ley tendrá el impacto real que la sociedad mexicana exige de manera inmediata.