El SAT cancela permiso para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones de la sociedad civil tras un proceso de revisión administrativa que detectó irregularidades en sus expedientes fiscales. La disposición oficial, emitida por el Servicio de Administración Tributaria bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, incluye en su lista de bajas a instituciones de relevancia nacional como Mexicanos Primero y México Evalúa, además de otras 13 asociaciones que fueron dadas de baja definitiva por no cumplir con la normativa vigente.
El motivo central de esta revocación masiva radica en que las agrupaciones no reúnen los requisitos relativos a las disposiciones legales actuales, según estipula la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para el ciudadano y las empresas que apoyan estas causas, la noticia implica que cualquier aportación económica a estas ONG ya no podrá ser utilizada para disminuir su carga fiscal en México. Esto pone en riesgo inmediato el financiamiento de proyectos educativos, de seguridad y de transparencia que dependen de la deducibilidad para atraer capital privado. (Lee también: Así es como el sorteo loteria nacional en Puebla impacta la economía hoy.)
Esta situación coloca a México en un punto de comparación crítico con otros países de Latinoamérica y España, donde la fiscalización de las entidades sin fines de lucro se ha vuelto una herramienta de control administrativo. En la región, las reformas tributarias están exigiendo una transparencia absoluta sobre el origen y destino de los recursos. El caso mexicano sirve como un precedente de cómo el incumplimiento técnico de los requisitos fiscales puede paralizar la operatividad de grupos que suelen ser contrapesos a las políticas de la administración pública. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el ajuste operativo de Spin fintech.) (Lee también: Por qué Lula ofrece a Sheinbaum una alianza con Petrobras que cambia el futuro de Pemex.)
¿Qué pasará con los recursos de estas asociaciones? La ley establece que si en un lapso de 12 meses no logran solventar las observaciones y recuperar el permiso, las ONG están obligadas a destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades que sí cuenten con la autorización vigente. Mientras las autoridades mantienen una postura de cero tolerancia, representantes de diversas organizaciones han manifestado que iniciarán procesos legales para demostrar su cumplimiento, aunque el panorama administrativo se presenta como uno de los más rigurosos de los últimos años.
