Citlalli Hernández Mora, titular de la secretaria mujeres, confirmó que el Gobierno de México ha formalizado un acuerdo estratégico con plataformas digitales para combatir la violencia de género en el entorno virtual. Esta colaboración establece un puente técnico entre las empresas tecnológicas, las Fiscalías y las Policías Cibernéticas para agilizar la investigación de delitos y la atención inmediata a las víctimas en territorio mexicano.

El despliegue de esta política se fundamenta en un análisis de riesgos donde la violencia digital representa un porcentaje creciente de las denuncias no atendidas por falta de protocolos claros. El acuerdo se divide en dos fases operativas: prevención y atención. En la primera, se contempla la revisión exhaustiva de las normas de convivencia de las redes sociales y la creación de la Cartilla de la Seguridad Digital para estandarizar la protección de las usuarias. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el revés judicial de la fiscalía sonora.)

Para México, esta medida es crucial dado el volumen de interacciones digitales que ocurren diariamente, pero su relevancia trasciende fronteras afectando también a España y Latinoamérica. En estas regiones, la armonización de criterios entre el sector privado y las autoridades judiciales es un desafío pendiente. El modelo propuesto busca que las plataformas no solo actúen como intermediarios, sino como coadyuvantes activos en la persecución del ciberacoso y la difamación. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el sujeto estrella hoy en la Casa Blanca.)

En la fase de atención, el convenio garantiza contactos directos entre las áreas de seguridad de las plataformas y los Ministerios Públicos, eliminando cuellos de botella administrativos que retrasaban la obtención de evidencia. Además, se lanzarán campañas de formación para creadores de contenido y usuarios los días 25 de cada mes. Estas acciones buscan incentivar la denuncia formal a través de las herramientas internas de las aplicaciones, asegurando que los reportes lleguen con validez legal a las autoridades competentes. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la narconómina de El Mencho y la FGR.)

Este avance marca un cambio en la estrategia de seguridad ciudadana, priorizando el espacio digital como un territorio donde el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Se espera que en las próximas semanas se detallen los mecanismos técnicos de encriptación y manejo de información que se utilizarán para proteger la privacidad de las denunciantes durante el proceso de investigación y recopilación de pruebas.