La mandataria mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, presento gobernadora el nuevo Decálogo de la Igualdad que obliga a los 125 municipios de la entidad a adoptar medidas urgentes contra la violencia de género y asegurar la paridad política, transformando radicalmente la administración pública estatal mediante evaluaciones permanentes de cumplimiento que serán supervisadas de forma rigurosa a través de las Mesas de Paz locales.

Esta iniciativa, denominada formalmente como Compromiso por la Igualdad, surge en el contexto del Día Internacional de las Mujeres y busca alinear las políticas locales con la estrategia nacional de seguridad y acceso a una vida libre de violencia. Entre los puntos más destacados del documento se encuentra la creación de un Sistema de Cuidados bajo el Compromiso de Tlatelolco y la implementación obligatoria de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, herramientas diseñadas para cerrar brechas históricas en una región que ha enfrentado desafíos críticos en materia de feminicidios y discriminación estructural.

El impacto de este decreto trasciende las fronteras estatales, ya que el Estado de México se consolida como el laboratorio político y social más grande del país; lo que aquí se implementa suele marcar la pauta legislativa para el resto de la República Mexicana. A nivel latinoamericano y en España, donde la agenda de género ha ganado terreno en las políticas de Estado recientes, este modelo de decálogo municipalista es observado por analistas internacionales como un esfuerzo de descentralización de la justicia social que busca replicar estándares globales de derechos humanos en el ámbito de la gobernanza local.

Hacia adelante, el gobierno estatal ha confirmado que los ayuntamientos estarán sujetos a una recopilación sistemática de datos estadísticos fiables para establecer indicadores de medición sobre las desigualdades. El éxito de este plan dependerá de la capacidad de gestión de los presupuestos con enfoque de diversidad y de la formación continua del personal dedicado a la atención de víctimas, un proceso que según reportes oficiales ya ha comenzado a integrarse en la planeación y ejecución de las políticas públicas de la entidad mexiquense.