El 81% de los mexicanos respalda la actuación del Ejército Mexicano tras el operativo que resultó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este dato, revelado por una reciente encuesta de la firma Enkoll para EL PAÍS y W Radio, confirma un respaldo masivo a la intervención de las fuerzas armadas en el desmantelamiento de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación. La cifra representa un hito en la percepción ciudadana sobre las operaciones de alto impacto, situando la legitimidad del uso de la fuerza del Estado en niveles superiores a los registrados en capturas de líderes criminales durante administraciones anteriores.
El análisis técnico de los resultados arroja que la percepción de seguridad ha experimentado un repunte estadístico inmediato, aunque persisten matices críticos sobre la estrategia de fondo. Mientras que ocho de cada diez ciudadanos celebran el resultado del operativo táctico, el estudio estadístico también señala que el combate a la delincuencia se mantiene como la principal cuenta pendiente para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los datos sugieren que la población diferencia claramente entre el éxito puntual de las fuerzas armadas y la eficacia de las políticas públicas de prevención y justicia civil a largo plazo.
Para México, este respaldo masivo ofrece un respiro político al gabinete de seguridad, validando la continuidad del despliegue militar en tareas de orden público en el corto plazo. La relevancia del hecho trasciende las fronteras mexicanas, afectando directamente la estabilidad en Latinoamérica y España, regiones donde la organización criminal mantenía redes de distribución y operaciones de blanqueo de capitales. En el ámbito internacional, la neutralización de este objetivo prioritario es vista como un avance crítico en la cooperación de seguridad transnacional, especialmente en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
Lo que sigue ahora es la consolidación del proceso judicial y la contención de posibles represalias en las zonas de influencia del grupo delictivo. Queda pendiente por confirmar el alcance total de la desarticulación de la estructura financiera y cómo la administración federal aprovechará este capital político para implementar reformas en el sistema judicial. El reto inmediato del Gobierno de México será demostrar que esta captura no es un evento aislado, sino el inicio de una reducción sostenida en los índices de homicidios y extorsiones que afectan al tejido social y económico del país.
