OAXACA DE JUÁREZ, Oax.— La crisis de derechos humanos y seguridad en los centros de asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Oaxaca ha escalado a niveles internacionales. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitieron un pronunciamiento conjunto ofreciendo apoyo técnico urgente para supervisar y fortalecer la operación de estos recintos.
La respuesta de los organismos internacionales surge tras la tragedia ocurrida el pasado martes 24 de febrero de 2026 en la Casa Hogar “Patos”, ubicada en el municipio de San Raymundo Jalpan. En este inmueble, que operaba como albergue de tránsito para personas en situación de movilidad, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos niñas de origen haitiano en el interior de una fosa séptica. Las menores se encontraban bajo el resguardo de la institución estatal junto a su madre al momento del incidente.
En un comunicado oficial, las agencias de la ONU lamentaron profundamente los hechos y manifestaron su solidaridad con las familias afectadas. “Ofrecemos apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro de cuidado residencial, así como para salvaguardar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas”, señalaron los organismos, enfatizando la vulnerabilidad extrema de los menores en tránsito por territorio mexicano.
Este suceso no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de irregularidades y tragedias que han marcado la gestión del DIF Estatal en los últimos años. Activistas y defensores de derechos humanos recordaron el caso de la bebé Mía Elena Martínez Gaytán, quien falleció en 2025 en la Casa Hogar #1 bajo presuntas condiciones de negligencia médica y administrativa. Asimismo, se ha denunciado la existencia de al menos otros siete casos de fallecimientos o maltratos graves que permanecen bajo investigación o en la opacidad.
Para el contexto mexicano, la situación en Oaxaca es crítica debido a su posición geográfica estratégica en la ruta migratoria hacia el norte. La falta de infraestructura adecuada y protocolos de seguridad en los albergues oficiales ha convertido a estas instituciones en puntos de riesgo en lugar de refugios seguros. La intervención de la ONU busca presionar a las autoridades locales para que realicen una auditoría profunda de sus centros de cuidado y garanticen que ninguna otra vida se pierda bajo la custodia del Estado.
