En el marco de la discusión sobre el futuro urbano de la capital del país, la legisladora Olivia Garza alzó la voz en el Congreso de la Ciudad de México para cuestionar la reciente ampliación del periodo de consulta para el Plan General de Desarrollo (PGD). La diputada advirtió que el proceso, impulsado por la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de simulación si no se garantiza una apertura real y transparente a todas las voces de la sociedad civil.
Garza subrayó que el desarrollo de la metrópoli no puede definirse desde la verticalidad institucional ni bajo intereses partidistas. Según la legisladora, la ampliación de los plazos de consulta debe ir acompañada de mecanismos que aseguren una participación ciudadana plural, técnica y efectiva. "No se trata solo de dar más días en el calendario, sino de escuchar verdaderamente a los vecinos, expertos y organizaciones que viven día a día las problemáticas de la ciudad", señaló durante su intervención parlamentaria.
El Plan General de Desarrollo es un documento estratégico vital para la CDMX, ya que busca regir el crecimiento urbano, el aprovechamiento del suelo y las políticas públicas de largo plazo durante las próximas dos décadas. Sin embargo, su integración ha estado marcada por controversias, amparos y suspensiones previas debido a la falta de consenso con grupos vecinales y comunidades originarias, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones el temor a una gentrificación acelerada y al manejo ineficiente de los recursos hídricos.
La crítica de la legisladora surge tras el anuncio de la administración capitalina de extender los foros y las mesas de trabajo para robustecer el proyecto antes de su votación final. Para la bancada de oposición, el desafío radica en que estos espacios de diálogo no sean únicamente informativos o dirigidos a grupos afines al gobierno en turno, sino que funcionen como mesas de debate técnico con carácter vinculante para corregir las deficiencias del plan actual.
Olivia Garza exigió que el Congreso local actúe como un verdadero contrapeso y garante de la legalidad en este proceso de planeación. Insistió en que la Ciudad de México atraviesa retos críticos en materia de vivienda, movilidad y sustentabilidad, por lo que el PGD debe ser el resultado de un pacto social amplio y no de una imposición administrativa. Mientras tanto, las comisiones unidas del Congreso capitalino continúan evaluando la ruta crítica para la aprobación de este instrumento de planeación urbana.
