Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública desde el nivel básico de gobierno, la diputada local de Morena, Greta Barra, presentó ante el Congreso Local una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención Social de la Violencia. La propuesta busca que los ayuntamientos dejen de considerar la prevención del delito como una tarea opcional y la transformen en una obligación jurídica ineludible dentro de sus planes y programas de gobierno.
Actualmente, el marco legal vigente permite que los municipios operen bajo un esquema de discrecionalidad, decidiendo de manera voluntaria si integran o no reglamentos y consejos especializados en materia de prevención social. Según la legisladora, esta falta de rigor jurídico ha permitido que la incidencia delictiva escale, desperdiciando oportunidades críticas para intervenir antes de que los delitos se consumen. “Lo que propongo es que deje de ser discrecional y se convierta en una obligación jurídica expresa en los planes, programas y acciones de gobierno”, enfatizó Barra durante su presentación oficial.
La relevancia de esta iniciativa se sustenta en las preocupantes estadísticas de seguridad y procuración de justicia que enfrenta la región. La diputada señaló que, de un estimado de 1.5 millones de delitos cometidos en lo que va de 2024, apenas el 10 por ciento fue denunciado formalmente por la ciudadanía. Más alarmante aún es que solo el 7.3 por ciento de los casos totales derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público. Ante este panorama, Barra argumentó que el Estado no puede seguir dependiendo exclusivamente de la reacción policial cuando la gran mayoría de los incidentes ni siquiera llegan a ser procesados por el sistema judicial.
De aprobarse la reforma, los ayuntamientos estarán obligados a expedir un reglamento municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia. Asimismo, deberán crear formalmente consejos municipales que funcionen como órganos de coordinación y seguimiento, los cuales contarán obligatoriamente con la participación de la sociedad civil organizada. Esta estructura busca garantizar que la seguridad no sea un esfuerzo aislado, sino una política pública colaborativa y transparente.
Finalmente, la legisladora subrayó que el crecimiento demográfico acelerado en zonas metropolitanas, como es el caso del municipio de García, exige políticas públicas sólidas y permanentes que no se vean interrumpidas por los cambios de administración o la voluntad política del momento. Al ser el municipio el orden de gobierno más cercano a la población, resulta indispensable que la prevención se institucionalice desde este nivel para construir comunidades más seguras, cohesivas y, sobre todo, para reducir la brecha de impunidad que actualmente afecta a la entidad.
