Ricardo Monreal perfila una aprobación parcial del Plan B de reforma electoral en México, donde se excluirá cualquier cambio al artículo 35 constitucional referente a la revocación de mandato. Este ajuste legislativo se procesará de forma inmediata en el Senado antes de regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva, respondiendo a la necesidad de asegurar los votos mínimos requeridos para las modificaciones administrativas. La intención de búsqueda de los ciudadanos sobre cuándo se votará este cambio apunta a las sesiones programadas para esta misma semana en la Cámara Alta.
La razón detrás de este Plan B incompleto o mocho es la falta de una mayoría calificada de dos terceras partes en el Senado de la República, provocada principalmente por la resistencia del Partido del Trabajo a respaldar las modificaciones en materia de revocación. Ante este escenario, el legislador zacatecano explicó que solo se enviarán a San Lázaro las disposiciones aprobadas por mayoría calificada, es decir, los cambios a los artículos 115, 116 y 134, dejando fuera la posibilidad de que la Presidenta de la República promueva el voto en ejercicios de consulta ciudadana. (Lee también: 5 razones por las que la reforma electoral de Sheinbaum avanza en comisiones.)
Este movimiento es crítico para México porque evita un estancamiento total de la reforma electoral y revela las primeras grietas en la cohesión del bloque oficialista para temas constitucionales de alto impacto. Para el resto de Latinoamérica y España, el caso mexicano sirve como un termómetro sobre cómo los gobiernos de corte progresista deben negociar sus facultades extraordinarias frente a aliados parlamentarios que no siempre comparten la misma agenda de control electoral. El desenlace subraya la vigencia de los contrapesos legislativos cuando se requieren mayorías especiales. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre el relevo de Clara Brugada en la ADIP.)
Fuentes de primer nivel en el Congreso confirmaron que, una vez que el Senado remita la minuta sin el artículo 35, los diputados estarán legalmente impedidos para reincorporar el tema de la revocación de mandato. Esto significa que el ejercicio de consulta para el tercer o cuarto año de gobierno se mantendrá bajo las reglas actuales, sin la intervención directa del Ejecutivo en su promoción. El calendario de discusión sigue firme para este periodo ordinario, aunque el texto final de los artículos administrativos aún está sujeto a revisiones técnicas de último minuto. (Lee también: Así afecta a la capital el descanso de 14 días de los diputados de CDMX.)
Mientras la dirigencia de Morena afirma que este es un paso necesario para modernizar el sistema, la oposición sostiene que se trata de un retroceso ante la incapacidad de doblar la voluntad de todos sus aliados. El reporte oficial indica que la discusión en lo particular en el Senado será el filtro definitivo. De no haber sorpresas de último momento, el Plan B será una versión administrativa que deja intacta la estructura de participación ciudadana vigente hasta el momento en el país.
