La Secretaría de Cultura del Gobierno de México ha manifestado su enérgico rechazo ante la programada puesta en venta de 40 piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio cultural de la nación. La subasta, organizada por una casa de ventas en Francia, ha generado una respuesta inmediata de las autoridades mexicanas, quienes han iniciado los protocolos legales conducentes para la recuperación y repatriación de estos bienes históricos.
De acuerdo con los catálogos presentados por la casa de subastas, los objetos arqueológicos tienen precios de salida que inician desde los 450 euros. No obstante, para el Estado mexicano, estas piezas poseen un valor incalculable que trasciende lo monetario, pues representan la identidad y la memoria de los pueblos originarios mesoamericanos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen pericial tras analizar las imágenes del catálogo, confirmando que la mayoría de los lotes corresponden a piezas originales elaboradas por diversas culturas que habitaron el territorio nacional en la época prehispánica.
Ante este escenario, la Secretaría de Cultura, encabezada por la política de protección al patrimonio, ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, se ha solicitado la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que, a través de los canales diplomáticos y de la Embajada de México en Francia, se realicen las gestiones necesarias para frenar la transacción comercial y lograr el resguardo de las piezas.
Este nuevo incidente se suma a una serie de esfuerzos que el actual gobierno de México ha impulsado bajo la campaña mediática y diplomática titulada "Mi Patrimonio No Se Vende". Esta iniciativa busca sensibilizar a las casas de subastas internacionales y a los coleccionistas privados sobre la ilegalidad que rodea, en muchos casos, la extracción y comercialización de este tipo de objetos, los cuales están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos desde 1972.
El gobierno mexicano ha sido enfático en que la exportación de este tipo de piezas está prohibida sin los permisos correspondientes, por lo que cualquier venta en el extranjero se considera producto del tráfico ilícito de bienes culturales. A pesar de que la legislación francesa en ocasiones dificulta la recuperación de estos objetos si no se comprueba fehacientemente el momento exacto de su sustracción ilegal, México mantiene su postura firme de no claudicar en la defensa de su historia y cultura frente al mercado de arte internacional.



