El seguimiento del hallazgo rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, cumple un año en total opacidad, dejando a las madres buscadoras de Zacatecas sin acceso a las prendas y objetos que podrían identificar a sus familiares desaparecidos. La intención de búsqueda de justicia se topa hoy con un muro burocrático, ya que la Fiscalía General de la República no ha entregado resultados de ADN ni ha permitido el reconocimiento físico de las evidencias localizadas en el sitio. Las familias denuncian que las autoridades apuestan al olvido mientras las pruebas recolectadas corren el riesgo de degradarse sin ser procesadas adecuadamente.
La relevancia de este caso escaló cuando diversas bolsas con ropa y artículos personales fueron reconocidas preliminarmente por las buscadoras durante las jornadas de campo en el municipio de Teuchitlán. A pesar de la urgencia, el proceso de cotejo genético y la entrega de informes de criminalística se mantienen bajo un estatus de pendiente de confirmar por parte del ministerio público federal. Esta falta de respuesta ha profundizado la incertidumbre de las familias zacatecanas, quienes realizaron el viaje al estado vecino con la esperanza de encontrar pistas definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.
Para el lector en México, este suceso representa una herida abierta en la crisis forense que atraviesa el país, donde la falta de coordinación entre estados impide el avance de las carpetas de investigación. Esta problemática no es ajena a la región de Latinoamérica, donde países como Colombia o El Salvador enfrentan retos similares de desaparición forzada y saturación de morgues. La falta de transparencia en el hallazgo rancho Izaguirre es un síntoma de un sistema que, según los colectivos, prefiere administrar el dolor que resolver los crímenes.
Lo que sigue ahora es una serie de movilizaciones programadas por las buscadoras ante las delegaciones de la FGR para exigir un cronograma claro de identificación. Mientras las autoridades afirman que los protocolos siguen su curso, fuentes cercanas a las familias indican que no existe un presupuesto asignado para los peritajes especializados que este caso requiere. La posibilidad de que los restos y objetos sean enviados a una fosa común sin ser debidamente analizados es el mayor temor de las mujeres que, tras un año, siguen esperando que el gobierno cumpla con su responsabilidad legal y humanitaria.
