El bombardeo táctico de Estados Unidos sobre Caracas el pasado 3 de enero marcó un punto de no retorno para la política latinoamericana. Tras la captura de Nicolás Maduro, el ecosistema del chavismo ha entrado en una fase de reconfiguración acelerada, donde la metamorfosis de Diosdado Cabello destaca como el fenómeno más relevante. El actual ministro del Interior ha dejado de ser únicamente el brazo ejecutor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para convertirse en el arquitecto de un nuevo orden que emana desde el Palacio de Miraflores.

Lo que hoy se presenta como una novedad en el tablero venezolano es la capacidad de resiliencia de la cúpula bolivariana. A diferencia de lo que muchos analistas preveían tras la caída del mandatario, el gobierno no se desmoronó de inmediato. En su lugar, Cabello ha asumido un liderazgo pragmático, centralizando el control de los servicios de inteligencia y la seguridad interna. Este cambio representa una evolución de su perfil: de un comunicador de línea dura a un administrador de la crisis que busca legitimar un mando colegiado ante la ausencia de la figura presidencial.

Para México, la situación en Venezuela representa un reto diplomático de primer orden. El gobierno mexicano, tradicionalmente apegado al principio de no intervención, observa con cautela este reacomodo de fuerzas. La estabilidad de Caracas es clave para la seguridad energética y migratoria de la región, y el ascenso de Cabello como figura central complica los diálogos que se mantenían con las facciones más moderadas del chavismo.

Sin embargo, el escenario dista de estar resuelto. A pesar de los movimientos internos, queda pendiente por confirmar el nivel de apoyo real que las Fuerzas Armadas (FANB) otorgarán a este nuevo esquema de poder liderado por Cabello. Asimismo, aún no hay claridad sobre si habrá un llamado a elecciones inmediatas o si el grupo cercano a Miraflores intentará atrincherarse en una estructura de transición prolongada. La comunidad internacional permanece a la expectativa de un comunicado oficial que defina quién ostenta, legal y fácticamente, la representación del Estado venezolano en los foros globales.