En un fallo histórico que pone en entredicho los protocolos de privacidad del gobierno de los Estados Unidos, un juez federal dictaminó este jueves que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) violó la ley federal de manera sistemática. Según la opinión emitida por el tribunal, la agencia cometió aproximadamente 42,695 infracciones legales al compartir datos de contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La controversia se centra en un acuerdo de intercambio de datos entre ambas instituciones gubernamentales. Para el lector en México, es fundamental entender la magnitud de estas agencias: el IRS es el equivalente estadounidense al Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que el DHS es la macroestructura de seguridad que supervisa, entre otras áreas, a las autoridades migratorias y fronterizas. El hecho de que la agencia encargada de los impuestos comparta información con la autoridad migratoria sin seguir el debido proceso legal representa una de las mayores preocupaciones para las organizaciones de derechos civiles.

El tribunal analizó exhaustivamente el convenio de colaboración entre la agencia fiscal y las autoridades federales de inmigración, concluyendo que el flujo de información no se ajustó a los marcos legales establecidos para proteger la confidencialidad de los ciudadanos. La cifra de 42,695 violaciones individuales subraya la escala masiva de este intercambio de datos que, según el juez, se realizó al margen de las normativas de privacidad vigentes.

Este fallo surge en un momento de intenso escrutinio sobre cómo las agencias federales manejan la información sensible de la población. En Estados Unidos, la privacidad de las declaraciones fiscales está estrictamente protegida por la ley para fomentar que los contribuyentes reporten sus ingresos sin temor a que su información personal sea utilizada por otras ramas del gobierno con fines punitivos o migratorios, salvo en casos muy específicos y bajo supervisión judicial.

Aunque la opinión judicial emitida este jueves se enfoca en la ilegalidad de las acciones del IRS, el impacto de esta sentencia podría obligar a una reestructuración profunda de los acuerdos de cooperación entre agencias. Por ahora, el dictamen deja claro que la necesidad de seguridad nacional o control migratorio no exime a las agencias federales de cumplir con las leyes de protección de datos personales de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.