La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (Ibero) emitió un fuerte pronunciamiento tras el asesinato de Patricia Rubí Gómez Tagle en Mazatlán, Sinaloa. A través de su Programa de Derechos Humanos (PDH), la Ibero condena enérgicamente este crimen que privó de la vida a la integrante del colectivo "Corazones Unidos por una Misma Causa", subrayando que este acto representa un atentado directo contra el derecho a la verdad y la justicia en el país.

¿Qué pasó?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó este viernes el hallazgo sin vida de Patricia Rubí Gómez Tagle al interior de un domicilio en el puerto de Mazatlán. La activista dedicaba sus días a la localización de personas desaparecidas, una labor de alto riesgo en una entidad marcada por la violencia del crimen organizado. Según el reporte del PDH de la Ibero, aunque Patricia Rubí es la primera persona buscadora asesinada en lo que va de 2026, la cifra histórica es alarmante: desde el año 2010 se han contabilizado al menos 34 familiares de personas desaparecidas que han sido ejecutados en cumplimiento de su labor ciudadana.

¿Por qué importa?

El asesinato de una madre buscadora no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis de inseguridad que desprotege a quienes suplen las carencias del Estado en la búsqueda de víctimas. Para la Universidad Iberoamericana, estos crímenes buscan silenciar las demandas de justicia y perpetuar la impunidad. El comunicado del PDH enfatiza que la labor de búsqueda es un derecho humano y que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la integridad física de quienes la ejercen. La recurrencia de estos ataques evidencia una falla sistemática en los protocolos de protección para defensores de derechos humanos.

¿Qué sigue?

Tras condenar el homicidio, la Ibero hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que la investigación del caso sea pronta, exhaustiva y se realice bajo una estricta perspectiva de derechos humanos. La institución académica demanda que no solo se detenga a los autores materiales, sino que se implementen garantías efectivas de protección para todas las personas que integran colectivos de búsqueda en México. Hasta el momento, las investigaciones en Sinaloa continúan bajo reserva, mientras la comunidad de familiares buscadores permanece en alerta ante la escalada de violencia.