Durante la conferencia matutina celebrada este viernes 27 de febrero en el puerto de Mazatlán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofreció una actualización crítica sobre la situación de seguridad en Sinaloa. El funcionario fue enfático al señalar que, tras realizar las investigaciones pertinentes y establecer contacto con el sector privado, no se han encontrado reportes ni denuncias formales por extorsión contra las empresas mineras que operan en la entidad.
El secretario abordó el caso específico del reciente secuestro de trabajadores mineros en el municipio de Concordia, un evento que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los empleados en zonas rurales del estado. García Harfuch explicó que el gabinete de seguridad mantuvo comunicación directa con diversas compañías para evaluar si existía un patrón de acoso delictivo. “Tuvimos contacto con otras empresas, y en el caso de esta empresa y otras de Sinaloa, no tienen ellos reporte ni quejas de extorsión ni denuncia alguna, ni tampoco habían tenido algún tipo de acto de molestia”, precisó ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La aclaración de la SSPC busca precisar la naturaleza del incidente en Concordia. De acuerdo con las líneas de investigación compartidas previamente por el funcionario, se maneja la hipótesis de que los mineros pudieron haber sido confundidos con integrantes de un grupo delictivo antagónico, lo que habría derivado en su privación ilegal de la libertad. Esta distinción es clave para el Gobierno Federal, ya que desvincula el ataque de una estrategia de 'cobro de piso' generalizada contra la industria extractiva en la región serrana.
Respecto a los esfuerzos de localización, García Harfuch aseguró que la búsqueda de los mineros continúa sin descanso. El despliegue operativo involucra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y las fuerzas locales, quienes rastrean las zonas aledañas al lugar de los hechos. El funcionario reiteró el compromiso de la administración federal por garantizar la integridad de los trabajadores y recuperar la paz en los sectores productivos del estado.
La presencia del gabinete de seguridad en Mazatlán subraya la importancia estratégica de Sinaloa en la agenda de pacificación nacional. En un estado donde la minería representa un motor económico relevante para las comunidades de la sierra, la garantía de operación sin interferencia del crimen organizado sigue siendo una de las demandas principales de los organismos empresariales, a pesar de la ausencia de denuncias formales mencionada por la autoridad.
