En un movimiento que escala la presión sobre el sector energético de Venezuela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda formal ante un tribunal federal de Washington para asumir la propiedad definitiva de un buque petrolero y de aproximadamente dos millones de barriles de crudo incautados. Esta acción legal marca un hito en la estrategia de Washington para desmantelar las redes de exportación ilícita que sostienen económicamente a los gobiernos sancionados.
La embarcación, identificada como Skipper, fue interceptada originalmente en diciembre del año pasado como parte de una serie de operativos destinados a frenar el flujo de crudo proveniente de Venezuela e Irán. Según los registros judiciales, este es el primero de al menos diez petroleros capturados en los últimos meses que enfrenta un litigio formal para su transferencia permanente al gobierno estadounidense. De concretarse el fallo a favor, las autoridades estarían facultadas para subastar el petróleo y disponer de los recursos obtenidos.
De acuerdo con la acusación oficial, el Skipper operaba bajo lo que las autoridades denominan una 'flota fantasma'. Estas naves emplean tácticas de evasión sofisticadas, como el uso de banderas falsificadas, la desconexión de sus sistemas de geolocalización y la realización de transferencias de carga en alta mar para borrar la trazabilidad del hidrocarburo. El gobierno estadounidense sostiene que estas maniobras no solo violan sanciones internacionales, sino que generan ingresos directos para la Guardia Revolucionaria de Irán, organización que Estados Unidos clasifica como terrorista.
La postura del Departamento de Justicia subraya que estas redes marítimas representan una amenaza a la seguridad global al financiar regímenes que desafían las normativas internacionales. Bajo este esquema, el control de las vías marítimas se ha vuelto una prioridad para la administración estadounidense, buscando cerrar permanentemente cualquier operación que permita la comercialización clandestina de energía.
Para el mercado energético en México, estas acciones judiciales son de especial relevancia. Como socio comercial clave en la región y productor de crudo, la estabilidad o interrupción de las exportaciones venezolanas impacta indirectamente en los precios de referencia internacional y en la logística petrolera del Golfo de México. La vigilancia extrema sobre estas 'flotas fantasma' refuerza la necesidad de mecanismos de transparencia en las cadenas de suministro globales, un tema que Pemex y los reguladores mexicanos observan de cerca ante el complejo panorama geopolítico actual.
