El municipio de Tuxpan, Veracruz, amaneció este miércoles bajo un riguroso operativo de blindaje coordinado por los tres niveles de gobierno. Esta movilización responde a una serie de amenazas directas vertidas por presuntos grupos de la delincuencia organizada contra el presidente municipal, Daniel Cortina Martínez, militante del partido Morena, y el director de la Policía Municipal, el teniente Raymundo Torres Cruz.
La tensión en la zona portuaria alcanzó un punto crítico tras el hallazgo de mantas con mensajes intimidatorios colocadas en puntos estratégicos, incluyendo el Parque Central y un conocido centro comercial. En dichas lonas, se reprocha a los funcionarios el supuesto incumplimiento de compromisos previos y se les acusa de haber recibido pagos por parte de grupos delictivos, señalamientos que han puesto en alerta máxima a las fuerzas de seguridad federales.
Este clima de hostilidad no es un hecho aislado, sino el resultado de una ola violenta que se ha intensificado en los últimos cinco días. La racha de eventos sangrientos comenzó con un enfrentamiento en el estacionamiento de una plaza comercial que dejó dos personas muertas y varios heridos. Posteriormente, el 22 de febrero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional sostuvieron un combate contra civiles armados en las inmediaciones de la comunidad de Cobos, con un saldo de múltiples lesionados.
Apenas el martes, la violencia se extendió al municipio vecino de Cazones de Herrera, específicamente en la Barra de Cazones, donde un tiroteo cerca de un velorio provocó escenas de pánico entre la población civil. Estos hechos se enmarcan en un contexto de inestabilidad regional tras los reportes de bloqueos carreteros y quema de vehículos derivados de operativos contra liderazgos del crimen organizado en la entidad.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha mantenido una postura cautelosa ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. Tras un evento público, la mandataria evitó profundizar en la situación de seguridad de Tuxpan, limitándose a comentar que el tema de la protección al alcalde será dialogado directamente con él, aunque recalcó que el seguimiento de estos casos es competencia directa de la Fiscalía General del Estado.
Actualmente, el despliegue de fuerzas armadas continúa en la región norte de Veracruz en un intento por inhibir nuevas agresiones y restablecer el orden público, mientras la ciudadanía permanece en vilo ante la persistente pugna entre grupos criminales y autoridades.
