En un clima de profunda incertidumbre para los mercados internacionales y especialmente para los socios comerciales de Norteamérica, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que este martes 24 de febrero entra en vigor un arancel general del 10% a todos los productos extranjeros. La medida representa un desafío directo para la estabilidad del comercio global y las cadenas de suministro que dependen del mercado estadounidense.
Aunque el presidente Donald Trump había asegurado recientemente a través de su plataforma Truth Social que elevaría dicho gravamen hasta un 15% de manera inmediata, las directrices oficiales enviadas a los importadores establecen que la tasa aplicada será, por el momento, del 10%. Esta nueva política surge como una maniobra de la Casa Blanca para implementar su agenda comercial tras el fallo de la Corte Suprema que anuló gran parte de sus propuestas arancelarias previas.
De acuerdo con la proclamación presidencial emitida el pasado 20 de febrero, este 'recargo temporal a la importación' se fundamenta en una legislación distinta a la impugnada anteriormente y tendrá una vigencia inicial de 150 días. La normativa estipula que todas las mercancías que ingresen a territorio estadounidense para su consumo a partir de las 00:01 horas de hoy estarán sujetas a este cobro adicional, independientemente de su país de origen, a menos que existan exenciones específicas.
Para México, el principal socio comercial de Estados Unidos, esta medida tiene implicaciones críticas. La industria manufacturera, el sector automotriz y las exportaciones agroalimentarias mexicanas se enfrentan a un sobrecosto operativo que podría trasladarse a los consumidores finales. El anuncio ya ha provocado reacciones negativas en los mercados financieros; Wall Street cerró la sesión previa en rojo, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante lo que se percibe como una política comercial volátil y confusa.
Expertos en comercio exterior señalan que la contradicción entre los mensajes presidenciales en redes sociales y las notificaciones oficiales de la CBP genera un vacío de certeza jurídica. Mientras Trump insiste en que un arancel del 15% es 'totalmente legal' y necesario, los agentes aduanales operan bajo la instrucción del 10%, dejando abierta la posibilidad de nuevos ajustes en los próximos días. Por ahora, el sector empresarial en ambos lados de la frontera permanece en alerta máxima ante la evolución de estas disposiciones que amenazan con reconfigurar la relación económica bilateral.
